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Tenerife, Gijón, Madrid, Badajoz y, ahora, también Segovia. Siguen anulándose judicialmente nuevas Zonas de Bajas Emisiones en España y las distintas asociaciones y colectivos denunciantes prevén ya que “tienen los días contados” y causarán un “efecto dominó”.
Todavía no es definitivo, pero el golpe que vivió el otro día una nueva Zona de Bajas Emisiones puede ser el detonante que haga saltar definitivamente por los aires los planes de protección medioambiental con restricciones de circulación en España. En Francia ya lo han hecho, eso sí, por vía política, toda vez que la Asamblea Nacional votó hace unas semanas la anulación de todas sus zonas de bajas emisiones por “penalizar a los hogares de bajos ingresos”. En nuestro país, en cambio, parece que el problema puede resolverse por vía judicial.
Y es que el presidente del Real Automóvil Club Vasco Navarro (RACVN), Pedro Martínez de Artola, ya aseguró hace unos días tras conocer la decisión de Francia que, “por rectificación política o, más probablemente, por la vía judicial”, las ZBE “tienen los días contados también en España”. Ahora, parece desde luego que no estaba equivocado a tenor de nuevas informaciones que amenazan ya directamente con tumbar en nuestro país estas áreas con prohibiciones de circulación a los coches más antiguos y contaminantes, incluyendo en muchas urbes incluso a los de etiqueta B y C de la DGT.
Otra Zona de Bajas Emisiones, nula de pleno derecho por orden de la Justicia
Porque, por si no fueran ya suficientes, la Justicia acaba de declarar de nuevo nula de pleno derecho otra Zona de Bajas Emisiones de España, en concreto ahora la de Segovia. Así lo acaba de declarar por sentencia el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, estimando un recurso contencioso-administrativo presentado por la asociación Liberum, que a su vez está recurriendo numerosas ZBE de otras ciudades en España.
La resolución judicial, que se dio ayer definitivamente a conocer, supone la anulación de la ordenanza municipal de Segovia que regulaba esta zona en su totalidad, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de la ciudad castellanoleonesa el pasado día 31 de mayo de 2024 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia el 21 de junio del mismo año. La sentencia, dictada en el procedimiento número 72/2024, considera que la normativa municipal impugnada no se ajusta a derecho, declarando su suspensión conforme a los fundamentos recogidos en el fallo. Además, el tribunal ha decidido no imponer costas a ninguna de las partes.
El efecto dominó que podría producirse por las sentencias judiciales
Ante esta sentencia, la propia asociación denunciante Liberum ha celebrado el pronunciamiento asegurando que es “una gran victoria”. La organización ha mostrado así su satisfacción confirmando que es “una gran noticia. Acaban de notificarnos que ha sido declarada nula de pleno derecho la ZBE de SEGOVIA. ¡Otra más! Vamos por las siguientes, como ya adelantamos con la nulidad de Badajoz, esto será un efecto dominó”.Y es que esta decisión judicial, si bien es verdad que aún puede ser recurrida en casación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo o, en su caso, ante la correspondiente Sección del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, si se cumplen los requisitos establecidos en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), se suma a otros fallos similares que han declarado también nulas temporalmente las Zonas de Bajas Emisiones en ciudades como Badajoz, Santa Cruz de Tenerife, Gijón o, anteriormente, Madrid.
Las ZBE son clasistas y generan graves perjuicios a los hogares con ingresos más bajos
La previsión es que, a medida que se vayan denunciando, se producirán más anulaciones, tal y como también pronosticó el propio Real Automóvil Club Vasco Navarro, que sigue presentando denuncias en ciudades vascas, como San Sebastián o Bilbao. La organización considera estas áreas como “clasistas y que perjudican especialmente a los hogares con ingresos más bajos”, denunciando asimismo “la falta de proporcionalidad de las restricciones y el ataque que suponen a un derecho fundamental como es la libertad de movilidad”.También la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha pedido recientemente que estas ZBE “se acompañen de una mejora integral del transporte público, de la ampliación de la infraestructura dedicada a la movilidad activa y de una planificación estratégica que permita una transición eficiente y equitativa” entre la población. De lo contrario, consideran que puede terminar generando graves perjuicios en la ciudadanía, algo que aseguran que está empezando a ocurrir ya.
