EDITORIAL ABC
Hasta justo el último día de campaña electoral, con las Cortes disueltas y con una previsión demoscópica negativa en la inmensa mayoría de los sondeos, el Gobierno ha ido nutriendo el BOE con nombramientos para 'rescatar' a cargos intermedios del Ejecutivo socialista y asignarles nuevos puestos privilegiados en la Administración. Se trata sencillamente de colocaciones de libre designación –es decir, a dedo– a unas horas de las elecciones generales para premiar a colaboradores leales de los ministros y asegurarles una suerte de 'jubilación' alternativa ante la previsión de que el Gobierno cambie de signo. En las últimas horas, Cecilia de la Rocha, hasta ahora subdirectora general de la Oficina Presupuestaria de La Moncloa, ha sido nombrada consejera de Asuntos Económicos en la representación española ante la Unión Europea. Es significativo también el caso de Marina Calvo, que de ser jefa provincial de la Dirección General Tráfico en Málaga pasa a ser secretaria de la embajada española en Qatar. Alfonso Sancho Miró dejará sus funciones en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, dependiente de la Vicepresidencia de Teresa Ribera, y pasará a ocupar el cargo de coordinador TIC en la Agencia Espacial. Y así un goteo constante de nuevos destinos publicado durante los últimos días en el BOE, con todos los ministerios del Gobierno implicados.
Días atrás, ABC publicó el llamativo ascenso 'exprés' ordenado por la titular de Defensa, Margarita Robles, de Antonio Romero Losada, general de división responsable del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, a teniente general, sólo unos días antes de que empezase la campaña. Más allá de los merecimientos profesionales que pueda acumular cada nuevo cargo, debería imponerse un mínimo de estética pública, y llegado el momento, si Sánchez consigue revalidar la presidencia del Gobierno, realizar las designaciones que considere oportunas. Pero en estos casos es inevitable sospechar que en realidad se trata de una operación de aseguramiento de puestos relevantes para personas de confianza en la Administración pública con dosis notables de nepotismo y enchufismo.
Lamentablemente no es una práctica exclusiva de este Gobierno. En el pasado, y con Ejecutivos tanto del PSOE como del PP también ha ocurrido, lo cual demuestra una merma en nuestra calidad democrática y una falta de respeto al ciudadano por muy legal que este proceso pueda ser. Sin embargo, por número de nombramientos y fechas, el Gobierno de Sánchez se supera. Lo lógico sería que una vez que se convocan unas elecciones y que el Gobierno pasa 'de facto' a una situación similar a la de permanecer en funciones, no se utilizasen la Administración y el BOE para beneficiar a los fieles de un modo tan grosero. Con esta costumbre los partidos y los políticos pierden el derecho a quejarse de la mala imagen que transmiten a los ciudadanos. Cualquier argumentación a favor de la ejemplaridad o de la regeneración frente a prácticas abusivas de amiguismo cae por su propio peso y deja de ser creíble cuando el favoritismo se impone a la lógica. Ocurra lo que ocurra en las elecciones de mañana, Sánchez despide esta legislatura con nombramientos anómalos que no han hecho sino culminar el trabajo iniciado, por ejemplo, con la designación de su propia ministra de Justicia como fiscal general del Estado, o con el nombramiento de otro titular de esa cartera como magistrado del Tribunal Constitucional. Si alguien pasa directamente de la mesa del Consejo de Ministros a la Fiscalía o al TC, ningún prurito ético iba a impedir al Gobierno colocar, en pleno tiempo de descuento, a un cargo intermedio de una confederación hidrográfica, por ejemplo, en la mismísima Agencia Espacial.
