Crisis RELOADED Crisis. Amarraos los machos. Vol. LIV

Y yo te pregunto, debe haber un chocolate para todos para tratar minorías o excepcionalidades? El tema de las lenguas está exagerado y desvirtuado. No tiene ningún sentido que en un servicio, aunque sea público, se haga pasar a todos por la rueda del idioma por encima de otros méritos que de verdad si influyen en la calidad del servicio, con el pretesto de que algunos sólo hablan una, siendo minoría.

Bajo esa escusa se esconde una endogamia lingüística injustificable. No todos los empleados públicos trabajan de cara al público, y no se hace efectiva esa diferenciación a la hora de opositar. Ese argumento no puede ser un comodín para todos los casos.

 

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Policía y Guardia Civil se unen para denunciar al Gobierno de Sánchez por la Ley de Abusos
Después de que Sánchez retirara el recurso de inconstitucionalidad, sindicatos policiales y Guardia Civil llevarán la iniciativa contra la norma.

La Ley vasca de abusos policiales evalúa, entre otros, a los posibles damnificados de este tipo de prácticas. A instancias del Sindicato Unificado de Policía, el Gobierno de Mariano Rajoy interpuso un recurso contra la creación de una "comisión de evaluación" que se encarga de los interrogatorios a presuntas víctimas y de la investigación de presuntos delitos cometidos por funcionarios públicos que no fueron condenados por la Justicia. A su juicio, esta iniciativa pretendía sustituir políticamente la actuación de los tribunales.

Como parte de la negociación para el apoyo a la moción de censura, también a la posterior investidura, con el PNV -y con el trasfondo de los presos de ETA-, Pedro Sánchez retiró el recurso a su llegada a la presidencia. El propio SUP ha anunciado ahora una demanda que formalizará en septiembre ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco para que, a su vez, eleve la cuestión al Tribunal Constitucional y éste la declare "inconstitucional".

El sindicato estudia también emprender acciones legales contra el Gobierno socialista por un delito de prevaricación, "al retirar el recurso contra una precepto que consideran ilegal". Cuentan con el apoyo de las principales asociaciones de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, la Guardia Civil, la Asociación de Ertzainas, Familiares Víctimas del Terrorismo y Covite.


Los querellantes se reunirán la primera quincena de septiembre en Vitoria con la vista puesta en un pacto. Entienden que las modificaciones acordadas por las Administraciones central y vasca para poder retirar la impugnación son "meramente semánticas", porque el contenido del texto apenas varía.

 

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Podemos exige una batería de impuestos a cambio de apoyo y Hacienda se abre a negociar
El partido envía a Sánchez un documento que propone nuevos impuestos como condición a su apoyo al techo de gasto.



El próximo día 24, el Gobierno tiene que aprobar una nueva senda de estabilidad para después llevarla a las Cortes. El nuevo techo de gasto llega después de que la oposición rechazara en el Congreso la flexibilización de los objetivos de déficit hasta el 1,8 %, el 1,1 % y el 0,4 % del PIB para 2019, 2020 y 2021, por encima del 1,3 %, el 0,5 % y el superávit del 0,1 % pactado por el Ejecutivo anterior.

Todo apunta, sin embargo, a que no lo tendrá fácil. Tras el varapalo de la votación de julio, cuando sólo obtuvo los votos a favor de socialistas y PNV, el Ejecutivo está forzado a ganar nuevos apoyos y los grupos están aprovechando para poner condiciones. Unidos Podemos ha mandado al Gobierno un documento de 17 páginas en el que exige, entre otras cosas, renegociar el objetivo de déficit y nuevos impuestos.

En el documento, titulado Dejar atrás la austeridad, el partido de Iglesias reclama entre otras cosas situar por encima del 1,8 % del PIB el objetivo de déficit así como derogar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Piden, además, un "suelo de ingresos" en lugar de un techo de gasto, para lo que propone una serie de nuevos impuestos con el objetivo de que "los que más tienen contribuyan con una mayor generosidad al sostenimiento de los servicios públicos".


Entre otras tasas y medidas, plantea:

- un impuesto a la banca

-un tipo mínimo efectivo de sociedades del 15 %

- un impuesto de solidaridad de las grandes fortunas

- eliminación de las sociedades de inversión de capital variable (sicav)

- supresión de las deducciones fiscales de los planes de pensiones privados

- incremento del tipo marginal del IRPF en los tramos más altos.

Para mejorar los ingresos de la Seguridad Social abogan por anticipar el incremento del salario mínimo interprofesional a 1.000 euros, que los autónomos coticen en relación con los ingresos, luchar contra el fraude en cotizaciones, destopar la base máxima de cotización o eliminar bonificaciones.

También exigen derogar las leyes que reformaron la sanidad -que implicó los copagos farmacéuticos para pensionistas-, la educación -que redujo las becas y permitió la subida de tasas universitarias- y de fomento de la competitividad -que supuso, dicen, la "práctica destrucción" del sistema de dependencia-. Asimismo, piden la derogación de parte del real decreto que redujo la prestación por desempleo y empeoró las condiciones de los contratos a tiempo parcial.

Además, exigen relajar la regla de gasto de los ayuntamientos, suprimir las restricciones a las tasas de reposición y la compensación "inmediata" por el cambio legal en el impuesto de la plusvalía.

Con la mirada puesta en los Presupuestos
Para que Sánchez obtenga un "sí", el partido exige la adopción de "al menos, la mayoría" de estas medidas. Y añade que permitirían avanzar hacia una eventual negociación de los Presupuestos de 2019, aclara Unidos Podemos antes de poner nuevas condiciones. Avisan de que en ese momento reclamarán revalorizar las pensiones conforme a la inflación, derogar el factor de sostenibilidad, equiparar los permisos de paternidad y maternidad o financiar el Pacto de Estado contra la violencia de género.

Desde el Gobierno, fuentes de Moncloa citadas por Efe han contestado que algunas de las medidas propuestas por Unidos Podemosson cuestiones en las que ya trabaja el Ejecutivo, como podrían ser el futuro impuesto a la banca o el establecimiento de un tipo efectivo mínimo del impuesto de sociedades del 15 %.

Desde Hacienda, avisan de que elevar el objetivo de déficit "pondría en riesgo el Estado de bienestar", pero apuntan que el Ejecutivo "seguirá negociando" la nueva senda de estabilidad para el periodo 2019-2021 con todos los partidos para poder aprobarla en las Cortes, ya que de lo contrario se volvería a los objetivos anteriores, más restrictivos.

Las intenciones de Hacienda
Hacienda considera que se puede "encontrar con Podemos" en la negociación del proyecto presupuestario de 2019, que es una "oportunidad perfecta", dice, para compatibilizar las políticas sociales con el crecimiento económico y la reducción del déficit público. "La intención del Ejecutivo es aprobar unos Presupuestos que permitan recuperar los derechos perdidos durante tantos años de recortes", insisten desde Hacienda.

En ese sentido, aboga por aumentar la recaudación tributaria, a través de grandes corporaciones y sectores que ahora "escapan del radar de Hacienda"y sin afectar a la clase media, pymes ni autónomos, porque "no se puede tener un Estado de bienestar.

 

https://www.libertaddigital.com/esp...-un-palacete-a-alojar-inmigrantes-1276623491/

El Ayuntamiento de Madrid destinará un palacete a alojar inmigrantes
El consistorio rehabilitará el palacio Valdés de Tres Cantos para que sirva para alojar a inmigrantes. Lo quiere hacer "de inmediato".



El Ayuntamiento de Madrid va a habilitar el palacio Valdés de Tres Cantos, una edificación de 3.330 metros cuadrados que colinda con el monte de El Pardo, para albergar a los inmigrantes que sean enviados a la capital.

Así lo ha indicado la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, en declaraciones a los periodistas en las fiestas de La Paloma, tras haberlo adelantado El País. El espacio se habilitará, según la regidora, "de inmediato".

La alcaldesa ha explicado que se trata de "un gran espacio" que estaba cerrado desde 2003 y ha señalado que en el Ayuntamiento no pueden permitir que haya "ningún tipo de instalaciones cerradas". "Creo que la política nuestra es que todo lo que estaba abandonado, arreglarlo y ponerlo en uso y este local tiene las condiciones", ha aseverado Carmena.

La finca donde se ubica el palacio fue comprada el 31 de octubre de 1941 a un industrial bilbaíno. El edificio, que albergaba una antigua escuela de la naturaleza, será cedido a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Tendrá un máximo de 100 plazas y está pensando para estancias breves de entre 15 y 20 días, según fuentes municipales citadas por Efe. Además, a partir de octubre Madrid podrá acoger a otras 100 personas en el antiguo pabellón de agricultura de la Casa de Campo, que se está acondicionando, según las mismas fuentes, para esta función.


En Es la Tarde de Dieter, la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha denunciado la "improvisación" del consistorio y ha explicado que se han enterado "por la prensa". Villacís ha destacado que mientras la pancarta de "Refugiados Welcome" sigue ondeando en la fachada de Cibeles, el consistorio sigue gobernando a base de golpes de efecto. Y ha recordado casos como el de los 80 refugiados sirios que vivían a la intemperie en un parque y "acabaron en Guadalajara".

 

https://www.libertaddigital.com/esp...lucion-a-la-presencia-de-manteros-1276623484/

Carmena presenta su inútil tarjeta de vecindad como solución a la presencia de manteros
La alcaldesa de Madrid ha asegurado este miércoles que el Ayuntamiento de Madrid ha diseñado la Tarjeta de Vecindad para ayudar a los manteros.




Según Manuela Carmena, el citado documento, que en realidad no tiene ningún valor legal ni permite a sus poseedores tener un trabajo, puede ayudar a los manteros a salir de la venta ilegal, de la que dice que "no es deseable", pero que "no es un problema".

Así lo ha indicado Carmena en declaraciones a los periodistas tras haber participado en la ofrenda floral de la Virgen de La Paloma, donde ha señalado que el Ayuntamiento de Madrid está trabajando "para que los colectivos que venden productos falsificados los dejen de vender".

"Pero, va a ser difícil que los dejen de vender, si el Ayuntamiento no les de una oportunidad de trabajo, por eso el Ayuntamiento ha diseñado la Tarjeta de Vecindad para ayudarles a que salgan poco a poco, para ayudarles a salir de la venta de productos ilegales", ha sostenido la alcaldesa sin explicar muy bien cómo va a hacer esto un documento que no tiene validez legal.


Carmena ha señalado también que desde el Consistorio han preparado una instrucción técnica para "mejorar la actividad en relación con este comercio ambulatorio" y "garantizar que haya la seguridad y el orden" que "necesita" la ciudad, aunque no ha dado más detalles.

La regidora ha asegurado que al Ayuntamiento le "preocupa mucho" que haya un colectivo de personas "que llevan a cabo actividad irregular", por ello emprendieron la medida de la Tarjeta de Vecindad. "Hay que ir a la causa y no al efecto. Si no hubiera un gran negocio que suministra a estos pequeños comerciantes ilegales no habría negocio y hace dos meses hicimos una gran operación que incautó gran cantidad de material", ha dicho.