Los fiscales culpan al Supremo de que Quim Torra pueda liberar a los presos del 'procés
El fiscal Javier Zaragoza responsabiliza al tribunal porque "no limitó el tercer grado" y éstas son "las consecuencias"
Fuentes de la Fiscalía consideran que un factor que ha propiciado la salida de los presos del
1-O y la primera luz verde judicial a los permisos ha sido la propia
sentencia del
Tribunal Supremo. En particular, su negativa a imponer el periodo de seguridad, que bloquea el tercer grado hasta haber cumplido la mitad de la pena. Eso, consideran, ha enviado un mensaje a la Generalitat de
Cataluña y a los jueces de vigilancia penitenciaria que resta solidez a la postura de la Fiscalía.
Así lo han mantenido fuentes fiscales desde que comenzaron las concesiones a los presos y lo reflejó este jueves uno de los fiscales del
procés,
Javier Zaragoza, en una intervención pública. "El fiscal solicitó la aplicación de la cláusula de seguridad para garantizar el cumplimiento de la mitad de las penas. [...] Todo fue en vano. El Supremo no acordó su aplicación y las consecuencias ahí están", afirmó en un acto, en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza.
El fiscal recalcó que la petición tenía en cuenta que las penas se iban a cumplir en Cataluña, con la Generalitat al mando de las medidas penitenciarias. La Fiscalía ha recurrido los permisos a los
Jordis y prepara los escritos contra las semilibertades.
Sin embargo, los pronósticos que maneja no son halagüeños y ve como más que probable que se acabe dando vía libre judicial a casi todo. La decisión no pasa por el Supremo, sino por los jueces de
Vigilancia Penitenciaria y, finalmente, por la
Audiencia Provincial.
La única decisión judicial hasta ahora ha consistido en avalar los
permisos a
Jordi Cuixart. Uno de los motivos en los que se regodeó la juez de Vigilancia por la que pasan todas las decisiones de la cárcel de
Lledoners fue la negativa del TS a aplicar la medida de seguridad.
PERMISOS, "CONFIRMADO POR LA PROPIA SENTENCIA"
Afirmaba que "no puede pretenderse" que la condena impida "posibles autorizaciones de permisos de salida, obtención de otros beneficios penitenciarios y modificaciones progresivas de su clasificación, lo que parece olvidar el Ministerio Fiscal".
Y remataba: "Además, ello viene confirmado por la propia sentencia del TS. La conclusión que se deriva con claridad es que no impone limitaciones
a priori en el itinerario penitenciario".
Ante la previsión de que los privilegios llegarían pronto, la Fiscalía se planteó la posibilidad de considerar que las medidas de flexibilización del artículo 100.2 pudieran interpretarse como un tercer grado encubierto y, por tanto, un fraude.
Pero la negativa del Supremo al periodo de seguridad restaba mucho recorrido al argumento. Pese a todo, la Fiscalía tiene previsto recurrir permisos y semilibertades, porque considera que no se están aplicando con el
procés las pautas usadas con los presos normales.
Sobre toda la actuación del Ministerio Público gravita el nombramiento como
fiscal general de
Dolores Delgado, defensora hasta hace nada en el Ministerio de Justicia -hoy en manos de
Juan Carlos Campo- de una línea más suave en el
procés que la de sus compañeros de la carrera fiscal.
Cuando acceda al cargo, previsiblemente a final de mes, tomará el mando de la actuación de la Fiscalía con los condenados.