Sanción de 12 millones de euros
Multan a un cártel del asfalto que encareció las obras públicas de Cantabria
Actualizado lunes 11/03/2013 17:17 horas
La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha multado con más de 12 millones de euros a 11 empresas que se repartieron el mercado del asfalto en Cantabria.
El consejo del organismo considera acreditada la existencia de diversos acuerdos anticompetitivos desde 1998 hasta, al menos, abril de 2011. Según sus cálculos, habrían afectado a más de 900 obras en la comunidad autónoma.
Competencia ha multado así a los grupos Servicios y Obras del Norte (SENOR), con una suma de 4,39 millones de euros, a Siec Construcción y Servicios, con 3,82 millones de euros, Emilio Bolado e Hijos (2,87 millones de euros), Ascan Empresa Constructora y de Gestión (2,29 millones de euros), Arruti Santander (1,45 millones de euros), Asfin Cantabria (595.600 euros), Cuevas Gestión de Obras (335.030 euros), Hermanos Torres Roiz (555.670 euros), INOR (86.080 euros) y Construboc 2002 (129.050 euros).
En los casos de Ascan, SENOR y Emilio Bolado son responsables por segunda vez de una infracción de la Ley de Defensa de la Competencia, aunque la CNC indicó que el hecho de que el procedimiento administrativo correspondiente a la anterior infracción no hubiera sido resuelto al tiempo de los hechos actualmente sancionados impide la toma en consideración de dicha circunstancia como agravante.
En concreto, se trataba de un cártel de reparto de mercado muy elaborado, entre un grupo de empresas denominadas colectivamente G5 (SENOR, Arruti, Emilio Bolado y Acansa, Asfin y Ascan), en el que, al menos desde 2006 a 2010, se acordaba el reparto del mercado del asfalto en Cantabria mediante el reparto tanto de las obras licitadas por organismos públicos, fundamentalmente el Gobierno de Cantabria y el Ministerio de Fomento, como de las ofertas realizadas por clientes de carácter privado y las ventas del asfalto directamente en planta.
El organismo presidido por Joaquín García Bernaldo de Quirós, señala que se ha podido acreditar también la existencia de una serie de acuerdos complementarios de los del G5 y necesarios para implementar los mismos, u otros que pudieran existir entre las empresas, relacionados con licitaciones a organismos públicos realizados entre SENOR, Arruti Emilio Bolado y Acansa, Asfin, Ascan, Construboc, INOR, HTR, Cuevas y Siec, desde 1998 hasta al menos 2011.
Estas empresas se ponían de acuerdo en la presentación de ofertas a licitaciones públicas relacionadas con la construcción y mejora de vías públicas en la comunidad cántabra y proximidades.
Los acuerdos llevados a cabo en el seno del G5 se refieren a todo tipo de procedimiento de adjudicación de obras que se llevaban a cabo en la Administración y fuera de ella, mientras que los acuerdos de acompañamiento normalmente eran necesarios para el reparto de las obras correspondientes a procedimientos negociados normalmente sin publicidad y contratos menores.
Un informe de la CNC ya advirtió en 2011 de que la colusión en la licitación pública suponía un encarecimiento de aproximadamente el 20% de los contratos, con manifiesto perjuicio para las cuentas públicas y paralelo enriquecimiento ilícito de quienes participan en estas conductas.
Multan a un cártel del asfalto que encareció las obras públicas de Cantabria
- La colusión en la licitación pública encarece un 20% los contratos
Actualizado lunes 11/03/2013 17:17 horas
La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha multado con más de 12 millones de euros a 11 empresas que se repartieron el mercado del asfalto en Cantabria.
El consejo del organismo considera acreditada la existencia de diversos acuerdos anticompetitivos desde 1998 hasta, al menos, abril de 2011. Según sus cálculos, habrían afectado a más de 900 obras en la comunidad autónoma.
Competencia ha multado así a los grupos Servicios y Obras del Norte (SENOR), con una suma de 4,39 millones de euros, a Siec Construcción y Servicios, con 3,82 millones de euros, Emilio Bolado e Hijos (2,87 millones de euros), Ascan Empresa Constructora y de Gestión (2,29 millones de euros), Arruti Santander (1,45 millones de euros), Asfin Cantabria (595.600 euros), Cuevas Gestión de Obras (335.030 euros), Hermanos Torres Roiz (555.670 euros), INOR (86.080 euros) y Construboc 2002 (129.050 euros).
En los casos de Ascan, SENOR y Emilio Bolado son responsables por segunda vez de una infracción de la Ley de Defensa de la Competencia, aunque la CNC indicó que el hecho de que el procedimiento administrativo correspondiente a la anterior infracción no hubiera sido resuelto al tiempo de los hechos actualmente sancionados impide la toma en consideración de dicha circunstancia como agravante.
En concreto, se trataba de un cártel de reparto de mercado muy elaborado, entre un grupo de empresas denominadas colectivamente G5 (SENOR, Arruti, Emilio Bolado y Acansa, Asfin y Ascan), en el que, al menos desde 2006 a 2010, se acordaba el reparto del mercado del asfalto en Cantabria mediante el reparto tanto de las obras licitadas por organismos públicos, fundamentalmente el Gobierno de Cantabria y el Ministerio de Fomento, como de las ofertas realizadas por clientes de carácter privado y las ventas del asfalto directamente en planta.
El organismo presidido por Joaquín García Bernaldo de Quirós, señala que se ha podido acreditar también la existencia de una serie de acuerdos complementarios de los del G5 y necesarios para implementar los mismos, u otros que pudieran existir entre las empresas, relacionados con licitaciones a organismos públicos realizados entre SENOR, Arruti Emilio Bolado y Acansa, Asfin, Ascan, Construboc, INOR, HTR, Cuevas y Siec, desde 1998 hasta al menos 2011.
Estas empresas se ponían de acuerdo en la presentación de ofertas a licitaciones públicas relacionadas con la construcción y mejora de vías públicas en la comunidad cántabra y proximidades.
Los acuerdos llevados a cabo en el seno del G5 se refieren a todo tipo de procedimiento de adjudicación de obras que se llevaban a cabo en la Administración y fuera de ella, mientras que los acuerdos de acompañamiento normalmente eran necesarios para el reparto de las obras correspondientes a procedimientos negociados normalmente sin publicidad y contratos menores.
Un informe de la CNC ya advirtió en 2011 de que la colusión en la licitación pública suponía un encarecimiento de aproximadamente el 20% de los contratos, con manifiesto perjuicio para las cuentas públicas y paralelo enriquecimiento ilícito de quienes participan en estas conductas.