Sobre la INDEFENSIÓN que sufrimos ante las multas. Que ocurre realmente?
A la mayoría de nosotros, en alguna ocasión nos han puesto una multa, ya sea un agente, un radar... ¿y ahora que hacemos?
Nos asaltan mil dudas, la primera es saber cuanto tenemos que pagar... y la segunda, que podemos hacer para evitar tener que hacerlo.
La consiguiente rabieta, pataleta... y a poner a parir al agente o a quien sea, porque sabemos que lo tenemos difícil para librarnos.
El agente podrá tener más o menos razón, podrá equivocarse o no... pero al fin y al cabo sólo hace una denuncia, una propuesta: La verdadera tomadura de pelo viene después, cuando tratamos de defendernos. El agente cobrará igual a final de mes y le da exáctamente lo mismo si la denuncia prospera o si se pierde minutos después de entregarla al finalizar su servicio, le da lo mismo si la pagas como si no...
El problema está en el marco legal, tal como está montado el sistema.
Pretende ofrecer garantías, mediante recursos, juzgados... pero la realidad es una total INDEFENSIÓN ante la administración, porque esas supuestas garantías son INASEQUIBLES para la población, bien por desconocimiento inicial, por lo complicado de los procesos (que requieren un conocimiento extenso de las normas) o finalmente por los desproporcionados costes que puede suponer luchar por nuestros derechos.
Hace poco se publicó en la prensa: "Gana un juicio contra una multa de 100€ que ya no tendrá que pagar, pero el juicio le ha costado 6000€"
Es vergonzoso. Y la Administración abusa de ello con el beneplácito del poder judicial, que se limita a sentenciar casos particulares sin preocuparse de erradicar lo que es una evidente práctica abusiva por parte de la administración. Todos miran para otro lado, tolerando (¿interesadamente?) una mala praxis generalizada y muy lucrativa.
Las denúncias deben ceñirse a unos trámites legales que no son para nada sencillos. En resumen:
1- La denuncia del agente: Se comunica un hecho que puede suponer una infracción a alguna norma.
2- El expediente: La denuncia llega a un instructor de tráfico, que comprueba que los datos sean correctos y que todo se ajuste a la norma, tanto los hechos denunciados como los plazos legales. Comunica la sanción mediante notificación al interesado y atiende las alegaciones.
3-La sanción: Si el instructor no archiva el expediente por error en el mismo o por las alegaciones, lo eleva a la Autoridad que sancione (Alcaldes/jefes de las JPT/etc) y éste firma la resolución, que se notifica al interesado, el cual dispone de un plazo para recurrir, mediante un recurso de alzada.
4- Si el recurso es desetimado por la administración, solo nos queda recurrir ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.
Ésto conlleva unos gastos de procurador, abogado... y costas del juicio si lo perdemos, lo cual queda al alcance de muy pocos, que aún pudiendo permitirselo preferirán pagar 100€ antes que 5000€, y más aún cuando no tienes ninguna garantía de que el Juez te dará la razón...
LLEGAMOS AL QUID DEL ASUNTO:
En la gran mayoría de casos, seguramente por "orden" directa del superior (político) de turno, los instructores de los expedientes por sanciones de tráfico DESESTIMAN una y otra vez los recursos que la gente interpone aunque tengan razón, obligando a todo el mundo a pagar, a acabar con embargos... o a recurrir en el juzgado, opción que como hemos visto es del todo inapropiada.
Vamos a ver el caso más evidente de éste abuso, que lo vemos y sufrimos miles de conductores a diario, en muchas ciudades de España:
Para que una denúncia tenga presunción de veracidad sin que se aporte una prueba debe ser efectuada por un Agente de la Autoridad que esté encargado del tráfico; además, sólo ellos podrán omitir sus datos personales en la denuncia, sustituyéndolos por su número de agente.
El resto de denunciantes deben consignar su nombre, profesión y domicilio. Además, con la simple negación de los hechos por parte del denunciado, es el denunciante quien debe aportar la prueba del hecho.
Los encargados de las zonas de estacionamiento limitado con parquímetros o similares, la ORA, las zonas azules (y verdes en Barcelona) NO son agentes de la autoridad. En ocasiones hacen fotos que sirven como prueba, pero NUNCA aportan sus datos personales en las denuncias.
Sin embargo, por más reclamaciones y recursos que hagamos, por más que exijamos pruebas o datos presonales del denunciante, todo se desestima por norma, una y otra vez, hasta que se nos acaban las vías y acabamos con la única posibilidad de ir al juzgado Contencioso, gastarnos 60 veces más de lo que nos cuesta la multa y varios meses o años de espera sin la certeza de que vamos a ganar...
Y ante eso... no nos queda más que renunciar a nuestro derecho y asumir el cargo...
En cambio, las denuncias de radar están bastante "blindadas" tras un control legal bastante riguroso; el previo, que establece márgenes de error, señalización, homologación de aparatos, etc..., y el posterior, que exige la aportación de una prueba consistente (la foto), el control y calibrado de los aparatos, etc... es decir, es bastante difícil librarse.
Un tema aparte es el uso que se haga de dichos radares... un tema que da mucho juego pero del que fácilmente se sacan conclusiones: La actitud de la Administración al respecto es vergonzosa, abusiva e insultante... pero tragamos. Me cuesta creerlo, pero es así. Con suerte algún iluminado en las próximas elecciones (como Artur Mas ha hecho en Catalunya) prometerá eliminar límites y redistribuir los radares, con lo que se asegurará unos cuantos votos...
Ante todo ésto, ¿porque no aparece alguna plataforma seria que luche por el interés general? Con los guardarrailes se inició poco a poco y tras años de lucha se consiguió llegar al parlamento... se han conseguido cosas, aunque sea con cuentagotas... tal vez sea el momento de iniciar una nueva protesta contra los abusos de la administración... y no olvidemos que esto no atiende a colores políticos, porque hace muchos años que se aprobó este procedimiento y se lleva a cabo en ayuntamientos y comunidades de todos los colores...
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