GermanE46swap
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El mismo vox, (moral impecable según algunos) recibió dinero de Irán. Como se come eso?
Crisis RELOADED Crisis. Amarraos los machos. Vol. LXXXII
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El mismo vox, (moral impecable según algunos) recibió dinero de Irán. Como se come eso?
XEQUEBO!
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Dices Irán, como si dices volverán,,,,, no será de Disneylan.
Sobre recibir dinero de Irán preguntale al marqués de Galapagar,,,
GermanE46swap
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No te escurras en el juego de palabras y no reniegues de la verdad
Así no vamos a salir adelante. En ese plan os convertís en lo que criticáis. Ahora bién, si el galapagueño cobró de irán, y vox también, en qué se diferencian ? Ya sábes que recibir dinero de dictaduras asesinas no está bien visto...
Si hay algo que no me gustan son las memorias selectivas.
Vamos a refrescar la memoria:
Vox se fundó con un millón de euros del exilio iraní, que pagó también el sueldo a Abascal
EL DINERO ACABÓ EN UNA CAJA COMÚN DEL PARTIDO ULTRADERECHISTA QUE SIRVIÓ PARA ABONAR SALARIOS, FIANZAS Y ALQUILERES DESDE 2013
Vox carga contra Pablo Iglesias por cobrar de Irán pero calla que fueron financiados por un grupo terrorista iraní
Una organización terrorista aportó 971.890,56 euros a la formación de Abascal
Vox admite que recibió dinero del exilio iraní
El grupo iraní que financió a Vox: una organización apoyada por líderes occidentales pese a su pasado terrorista
- El PP considera “preocupante” que Vox se financiara con dinero de un grupo iraní, pero el grupo que patrocinó al partido de Abascal ha sido considerado por los neoconservadores de EE UU como la alternativa al régimen de Irán
- El grupo, que se llamaba Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán, pagaba generosas cantidades de dinero a muchos de los políticos occidentales que iban a sus reuniones anuales
Vox ha reconocido que pagó el 80% de su campaña a las elecciones europeas de 2014 con dinero de simpatizantes del grupo de oposición iraní Consejo Nacional de Resistencia de Irán (CNRI), aunque La Ley Electoral impide que se reciban donaciones de personas o entidades no españolas una vez convocados los comicios.
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PERRO COME PERRO ANTONIO R. NARANJO
Solo sí es sí
Veremos si Irene Montero mantiene su comisariado sexual cuando sus dos hijos varones salten a la cancha de la vida y una cretina como ella les tome la matrícula
28/05/2022 Actualizada 01:54
Ninguna mujer va a dejar de ser violada por la estúpida ley del «solo sí es sí», que se ha aprobado con Irene Montero y Pedro Sánchez mirando para otro lado en el caso de las dos españolas asesinadas por decir «no es no» a un matrimonio a la fuerza en Pakistán.
A los violadores no les frena una ley mamarracha, como no les frenaba ya un Código Penal muy duro, cuyo mayor resquicio viene del partido que okupa el Ministerio de Igualdad: fue Podemos, con la complicidad temporal del PSOE, quien defendió la abolición de la prisión permanente revisable que mantiene a gentuza como 'El Chicle' en la trena o en la calle, cuando no existía, a salvajes como el asesino reincidente del niño de Lardero.
Luego si la ley Montero Sánchez no acabará con los violadores, como tampoco la de violencia de género con los asesinos, ¿a qué objetivo real obedece? Solo hay uno: criminalizar de antemano al hombre, haciéndole culpable de los peores delitos o sospechoso de estar a punto de cometerlos.
En España siguen muriendo 50 mujeres asesinadas por bestias que las consideran suyas o de nadie y se atreven a atacarlas porque son más fuertes, como el niño alto acosa al bajo en el colegio por su superioridad física y el león se come a la gacela porque es más grande.
Ninguna mujer va a dejar de ser violada por las estúpidas leyes de Montero, pero todos los hombres serán culpables o sospechosos de antemano si dan con una cretina como la ministra
Simplificar las razones de todos esos abusos contribuye a entenderlos mejor y quizá a encontrar la manera de frenarlos; pero derriba el negocio que, en torno a ellos, se ha montado con una industria onerosa que rinde enormes beneficios a demasiados vividores que se forran a costa de deformar el fenómeno y hacerlo irresoluble para pastar eternamente de él.
En España hay homófobos, machistas, violadores, racistas y asesinos, en un número no menor porque cualquier número es excesivo. Pero no hay una «cultura de la violación» como no la hay de la homofobia ni de ninguna de las etiquetas baratas que sus promotores inventan para hacer de la excepción una norma y poder generalizar su enfermizo discurso.
Ahora se han atrevido a regular el consentimiento, metiendo en la alcoba un comisariado sexual orwelliano que consagra la posibilidad de chantajear a un hombre con el que voluntariamente una mujer se haya pegado una fiesta, pero no detendrá al sinvergüenza que de verdad sea un peligro público.
¿Cómo se da el consentimiento? ¿Cómo se documenta? ¿Quién lo certifica? ¿Qué impide anularlo al día siguiente, si solo es verbal o gestual y una víbora percibe la facilidad de hacer negocio o cobrarse venganza por razones ajenas a los hechos?
Que una niñata como Montero se permita decir que hoy, gracias a ella, empieza la «libertad sexual» en España, obliga a preguntarle si ella misma no la tenía cuando concibió a sus hijos con el macho alfa. Y a pedirle cuentas cuando un violador vuelva a violar, un asesino vuelva a matar y un hombre inocente vaya al calabozo y se demuestre el montaje.
El delirante compendio de leyes taradas que impulsa Montero y suscribe Sánchez no salvará a nadie, señalará en vano a unos cuantos y asentará el modus operandi que esta semana hemos sufrido con estrépito: el indulto de María Sevilla, una psicópata presentada como una «madre coraje»; el silencio para las hermanas de Tarrasa, asesinadas por el «multiculturalismo»; y la incómoda sensación de que, cuando nos pongamos mirando a Cuenca, Echenique va a estar mirando y recopilando pruebas de que todo es correcto.
Salvo que Irene diga tres días después que allí no hubo consentimiento. Veremos si lo mantiene cuando sus dos hijos varones salten a la cancha de la vida y una cretina como ella les tome la matrícula. Como veremos también qué siente si su hija aborta con 16 años sin decírselo a papá y mamá.
Solo sí es sí
Veremos si Irene Montero mantiene su comisariado sexual cuando sus dos hijos varones salten a la cancha de la vida y una cretina como ella les tome la matrícula
28/05/2022 Actualizada 01:54
Ninguna mujer va a dejar de ser violada por la estúpida ley del «solo sí es sí», que se ha aprobado con Irene Montero y Pedro Sánchez mirando para otro lado en el caso de las dos españolas asesinadas por decir «no es no» a un matrimonio a la fuerza en Pakistán.
A los violadores no les frena una ley mamarracha, como no les frenaba ya un Código Penal muy duro, cuyo mayor resquicio viene del partido que okupa el Ministerio de Igualdad: fue Podemos, con la complicidad temporal del PSOE, quien defendió la abolición de la prisión permanente revisable que mantiene a gentuza como 'El Chicle' en la trena o en la calle, cuando no existía, a salvajes como el asesino reincidente del niño de Lardero.
Luego si la ley Montero Sánchez no acabará con los violadores, como tampoco la de violencia de género con los asesinos, ¿a qué objetivo real obedece? Solo hay uno: criminalizar de antemano al hombre, haciéndole culpable de los peores delitos o sospechoso de estar a punto de cometerlos.
En España siguen muriendo 50 mujeres asesinadas por bestias que las consideran suyas o de nadie y se atreven a atacarlas porque son más fuertes, como el niño alto acosa al bajo en el colegio por su superioridad física y el león se come a la gacela porque es más grande.
Ninguna mujer va a dejar de ser violada por las estúpidas leyes de Montero, pero todos los hombres serán culpables o sospechosos de antemano si dan con una cretina como la ministra
Simplificar las razones de todos esos abusos contribuye a entenderlos mejor y quizá a encontrar la manera de frenarlos; pero derriba el negocio que, en torno a ellos, se ha montado con una industria onerosa que rinde enormes beneficios a demasiados vividores que se forran a costa de deformar el fenómeno y hacerlo irresoluble para pastar eternamente de él.
En España hay homófobos, machistas, violadores, racistas y asesinos, en un número no menor porque cualquier número es excesivo. Pero no hay una «cultura de la violación» como no la hay de la homofobia ni de ninguna de las etiquetas baratas que sus promotores inventan para hacer de la excepción una norma y poder generalizar su enfermizo discurso.
Ahora se han atrevido a regular el consentimiento, metiendo en la alcoba un comisariado sexual orwelliano que consagra la posibilidad de chantajear a un hombre con el que voluntariamente una mujer se haya pegado una fiesta, pero no detendrá al sinvergüenza que de verdad sea un peligro público.
¿Cómo se da el consentimiento? ¿Cómo se documenta? ¿Quién lo certifica? ¿Qué impide anularlo al día siguiente, si solo es verbal o gestual y una víbora percibe la facilidad de hacer negocio o cobrarse venganza por razones ajenas a los hechos?
Que una niñata como Montero se permita decir que hoy, gracias a ella, empieza la «libertad sexual» en España, obliga a preguntarle si ella misma no la tenía cuando concibió a sus hijos con el macho alfa. Y a pedirle cuentas cuando un violador vuelva a violar, un asesino vuelva a matar y un hombre inocente vaya al calabozo y se demuestre el montaje.
El delirante compendio de leyes taradas que impulsa Montero y suscribe Sánchez no salvará a nadie, señalará en vano a unos cuantos y asentará el modus operandi que esta semana hemos sufrido con estrépito: el indulto de María Sevilla, una psicópata presentada como una «madre coraje»; el silencio para las hermanas de Tarrasa, asesinadas por el «multiculturalismo»; y la incómoda sensación de que, cuando nos pongamos mirando a Cuenca, Echenique va a estar mirando y recopilando pruebas de que todo es correcto.
Salvo que Irene diga tres días después que allí no hubo consentimiento. Veremos si lo mantiene cuando sus dos hijos varones salten a la cancha de la vida y una cretina como ella les tome la matrícula. Como veremos también qué siente si su hija aborta con 16 años sin decírselo a papá y mamá.
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José Barros
Madrid 27/05/2022 Actualizada 11:15
Siete años de tramas, investigaciones y condenas
Archipiélago PSOE: todos los casos de corrupción que acorralan a Pedro Sánchez
Pedro Sánchez llegó en 2018 a la Moncloa, vía moción de censura, con la promesa de que la corrupción en la vida pública de los ciudadanos pasaría a formar parte del pasado. Trascurridos cuatro años, puede comprobarse que no ha sido así.
En todo ese tiempo, su partido, el PSOE, se está viendo implicado en múltiples tramas repartidas por el conjunto del territorio español. Algunas han comenzado a investigarse en los últimos meses; a otros casos, en cambio, Policía y Guardia Civil les sigue el rastro desde hace años. Sin ánimo de exhaustividad, enumeramos a continuación los principales casos de corrupción socialista.
José Luis Sánchez Teruel, diputado autonómico del PSOE-AJosé Luis Sánchez
Sevilla, 40 millones de euros
El Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, que indaga el presunto desvío de aproximadamente 40 millones de euros de fondos europeos destinados a proyectos de modernización de las marismas del Bajo Guadalquivir, ha ordenado este mismo año en curso de investigar al diputado autonómico del PSOE por Almería y, por ende, aforado, José Luis Sánchez Teruel, por su anterior papel como director general de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de la Junta de Andalucía en la fecha de los hechos indagados.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, interviene en el congreso del PSOE-AEFE
Caso Isofotón, tres ministros de Sánchez
En el llamado caso Isofotón, la Fiscalía Anticorrupción salpica a tres ministros del PSOE: María Jesús Montero, Luis Planas y Teresa Ribera, dado que reclama un acta de la Comisión de Asuntos Económicos por el préstamo a Isofotón, finalmente declarada en concurso de acreedores pese a toda la ayuda institucional cosechada. El préstamo fue concedido a la empresa energética con informes negativos que reflejaban incidencias.
Los actuales ministros de Hacienda y de Agricultura, María Jesús Montero y Luis Planas, formaran parte de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos que autorizó el día 3 de julio de 2012 conceder ese préstamo de 8,3 millones de euros a la empresa. Además, la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, también ocupó un puesto de responsabilidad en esa empresa entre septiembre de 2012 y mayo de 2013.
Alcorcón, socialismo e insolvencia
Natalia de Andrés, alcaldesa del PSOE en Alcorcón, MadridPSOE Alcorcón
El Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid ha condenado en 2022 a la actual alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés, PSOE, a cinco años de inhabilitación para administrar bienes ajenos de titularidad pública o privada al considerarla responsable, subsidiariamente, de llevar a la insolvencia a la Empresa Municipal de Gestión Inmobiliaria de Alcorcón, Emgiasa.
En la misma causa, además de la actual regidora, también fueron condenados a 10 años de inhabilitación para administrar bienes ajenos de titularidad pública o privada el exalcalde socialista, Enrique Cascallana y otras siete personas que formaban parte del Consejo de Administración de Emgiasa.
Los hechos se remontan a la etapa de Cascallana al frente del Ayuntamiento de Alcorcón, durante la cual, la actual alcaldesa, como edil de Urbanismo, formaba parte del consejo de administración de Emgiasa, la empresa pública de vivienda del municipio, que actualmente está en concurso de acreedores.
Salvador Illa fue ministro de Sanidad durante la pandemia.Efe
Illa, incidencias en el 22 % de contratos
El 22 % de los contratos suscritos por el Instituto de Gestión Sanitaria, INGESA, en los primeros meses de la pandemia con el entonces ministro socialista Salvador Illa al frente presentaron «incidencias». En su mayor parte, el dinero salió del crédito extraordinario de 1.000 millones de euros habilitados a este efecto en el Ministerio de Sanidad el 12 de marzo de 2020, nada más declararse la pandemia.
El resumen del tribunal estima que un 22,44 % de los contratos fiscalizados del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, coincidentes con el inicio de la crisis sanitaria derivada de la covid, se produjeron distintas incidencias en su ejecución.
Núria Marín, alcaldesa del PSC de Hospitalet de LlobregatEl Debate
Hospitalet y Cornellá, posibles delitos
El Juzgado de Instrucción 4 de Cornellá ordenó en 2021 a la Policía Nacional la entrada y registro de varias dependencias del Ayuntamiento de Cornellá y del Consejo Comarcal de Deportes del Bajo Llobregat para buscar documentación sobre contratos presuntamente irregulares relacionados con el ámbito deportivo. Investigan delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude a la administración pública. Los agentes se llevaron a cinco técnicos detenidos y siguen buscando documentación.
El procedimiento deriva de la causa que se instruye en el juzgado de instrucción número 2 de Hospitalet de Llobregat, la segunda ciudad más poblada de Cataluña, por presunto desvío de subvenciones del Consejo Deportivo de Hospitalet.
Mari Luz Lastras, exalcaldesa del PSOE en San Martín de Valdeiglesias, MadridEl Debate
San Juan, de pantano a ciénaga
La Guardia Civil detuvo en 2021 a 17 personas en una operación contra la corrupción urbanística en el pantano de San Juan, en la Comunidad de Madrid, entre las que se encontraba la exalcaldesa socialista de la localidad de San Martín de Valdeiglesias, Mariluz Lastra, y dos de sus concejales en la antigua corporación.
Entre los arrestados también había al menos tres exediles socialistas que ya no forman parte del ayuntamiento y algunos de sus familiares, que recibían ayudas municipales. En la denominada operación Pantano, junto a la exalcaldesa, fueron arrestados el ex teniente de alcalde socialista de la corporación, Luis Haro, y el exconcejal socialista de Festejos, Pablo Luis Lastras, acusados de delitos de malversación, prevaricación y falsedad documental.
Carmen López, diputada del PSOE-MEuropa Press
UGT Madrid, corrupción sindical
El secretario general de UGT Madrid, Luis Miguel López Reillo, dimitió a finales de 2021 de su cargo después de denunciar a la Policía una presunta trama de corrupción en el sindicato. López Reillo dimitió por «responsabilidad política y dignidad personal», según manifestó en su cuenta de Twitter.
López Reillo había denunciado ante la Policía Nacional un posible caso de corrupción en el sindicato, que podría haber desviado al menos un millón de euros del Fondo de Garantía Salarial, FOGASA. Según dichas informaciones periodísticas, en la trama corrupta estaría presuntamente implicada una administrativa del sindicato, hija de la parlamentaria del PSOE de la Asamblea de Madrid, Carmen López, y entidades bancarias que gestionaban los fondos de dinero público destinados a empleados despedidos.
Bartomeu Muñoz, exalcalde por el PSC en Santa Coloma de GramenetEFE
Santa Coloma, comisiones millonarias
El exalcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz (PSC), ingresó a finales de 2021 en la cárcel de Cuatro Caminos, de La Roca del Vallès, en el Vallès Oriental, provincia de Barcelona, para cumplir la pena de cinco años y ocho meses de cárcel que se le impuso por la trama de corrupción urbanística del caso Pretoria.
Muñoz fue condenado por la Audiencia Nacional por formar parte de una red que se embolsó millones de euros, directamente o a través de intermediarios, en comisiones obtenidas mediante operaciones urbanísticas desarrolladas en las localidades barcelonesas de Santa Coloma de Gramenet, San Andreu de Llavaneres y Badalona.
El alcalde de Vigo, Abel Caballero, durante un acto del PSOEGTRES
Vigo, golpes bajos al ayuntamiento
La mayoría absoluta del PSOE ha servido para que el pleno extraordinario solicitado por los tres grupos de la oposición para reprobar a la primera teniente de alcalde, la socialista Carmela Silva, por «el mayor caso de la corrupción» en la historia de la corporación municipal, se saldara con el rechazo todas las propuestas. La intención era que casos como el de la familiar de la también presidenta de la Diputación de Pontevedra no se vuelvan a repetir.
Fue necesaria una alianza entre PP, Marea de Vigo y BNG para sumar los siete concejales necesarios y así forzar la celebración del pleno extraordinario, paso al que llegaron las tres formaciones tras pedir explicaciones tanto a Silva como al alcalde de la ciudad, Abel Caballero.
Ninguno de los dos se ha pronunciado respecto a la sentencia del Tribunal Supremo que condena en firme a un funcionario del Ayuntamiento de Vigo por organizar una trama para pagar a la cuñada de Silva más de 108.000 euros repartidos en contratos menores por unos trabajos que nunca realizó.
Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat valenciana, acude a declarar por presuntas irregularidades en ayudas concedidas a sus empresasEuropa Press
Francis Puig, el hermanísimo
Francis Puig, hermano del presidente socialista de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, está siendo investigado por un supuesto delito de fraude de subvenciones y falsedad documental. La investigación judicial se centra en las subvenciones recibidas por varias empresas participadas por el hermano del presidente desde la Generalitat Valenciana, la Generalitat de Catalunya y el Gobierno de Aragón. En la causa constan como investigado, además de Puig y Juan Enrique Adell Bovell, su socio y administrador de Canal Maestrat, el director general de Política Lingüística de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, Rubén Trenzano.
El titular del citado juzgado ha pedido información a los gobiernos valenciano, catalán y aragonés, así como a Hacienda, para investigar varios tipos de subvenciones recibidas entre 2015 y 2018 por los citados empresarios. En abril, la Fiscalía Anticorrupción solicitó cuantificar las ayudas recibidas por las empresas de Francis Puig por si superan los 120.000 euros, puesto que en ese caso estos hechos podrían enmarcarse en un delito de subvenciones, castigado con la pena de prisión de uno a cinco años.
Carmen Ibanco junto a su marido, Juan Espadas, líder del PSOE-AEl Debate
Doña Carmen, la esposa de Espadas
El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha abierto diligencias previas en relación a la labor que desempeñaba Carmen Ibanco, mujer de Juan Espadas, líder del PSOE-A, en la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, Faffe.
El juzgado demanda al Servicio Andaluz de Empleo, SAE, que aporte las bases reguladoras para la ocupación de los puestos de trabajo relativos a puestos de Dirección de la Faffe.
El objetivo es a tener en cuenta las candidaturas presentadas por todos los ciudadanos interesados en acceder a dichos puestos. La sospecha, expresada en términos coloquiales, sería que Ibanco entrase a trabajar en la administración pública andaluza gracias a un «enchufe» del PSOE.
El ex secretario general de UGT Asturias, Justo Rodríguez BragaEl Debate
UGT Asturias, el control para el fraude
El Juzgado de lo Penal número 3 de Oviedo condenó en 2021 a varios miembros de la antigua cúpula de UGT de Asturias por fraude en las subvenciones destinadas a cursos de formación, entre ellos su ex secretario general Justo Rodríguez Braga, al que se le ha impuesto una pena de dos años y diez meses de prisión y el abono de 586.000 euros en multas.
Rodríguez Braga, condenado como cooperador necesario y coautor de tres delitos de fraude en subvenciones, también deberá pagar, junto con otros tres exresponsables del sindicato, una indemnización conjunta de 330.179 euros al Principado por los perjuicios causados.
La jueza también condena al propio sindicato como responsable de un delito de fraude al pago de una multa de 122.028 euros y a la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho de gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un período de cuatro años.
Según la sentencia, Rodríguez Braga, y la entonces secretaria de Administración, Mónica Menéndez, y el de Formación, Manuel Díaz Cancio, urdieron una trama para desviar fondos de las subvenciones concedidas al sindicato para cursos de formación en los años 2011 y 2012. Esta trama estaba orientada «al sistemático desvío» de parte de los fondos públicos recibidos vía subvención a UGT e IFES, y a través de esta mecánica, según la jueza, obtuvieron beneficios económicos que revertieron en ambas entidades y en las sociedades vinculadas.
La jueza considera que los acusados ejercieron un control directo sobre la facturación, para incrementar ficticiamente el precio de los locales y equipos respecto al de mercado con un sobrecoste que imputaban después a las subvenciones recibidas, en beneficio del sindicato. La sentencia impone a los seis acusados penas de entre diez meses y dos años y diez meses de prisión, así como al pago de distintas multas.
María Luisa Real, ex consejera de Sanidad por el PSOE en CantabriaEl Debate
Prevaricación en Cantabria
La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a 14 y 11 años de inhabilitación para empleo o cargo público al exsubdirector de Gestión Económica e Infraestructuras del Servicio Cántabro de Salud (SCS) Francisco Javier González y al exdirector de la Gerencia de Atención Primaria Alejandro Rojo, respectivamente, por prevaricación en contratos menores en su etapa en el cargo durante la pasada legislatura.
Así consta en la sentencia que enjuició los hechos el pasado mes de febrero de 2022, y que considera a ambos ex altos cargos del SCS autores de un delito de prevaricación administrativa, continuado en el caso de González, y no continuado en el de Rojo, ya que su actuación se limitó a un único hecho, por el fraccionamiento de contrataciones de obras y servicios en el organismo sanitario.
En consecuencia, la Sala les inhabilita para trabajar o desempeñar un puesto relacionado con la contratación en instituciones que gestionen fondos públicos durante el tiempo reclamado por el fiscal.
González, con experiencia en la gestión económica administrativa, y Rojo, médico de profesión, desempeñaron sus cargos bajo el mandato de la socialista María Luisa Real como consejera de Sanidad desde 2015 y hasta 2018, año en el que dimitieron –junto al entonces gerente del SCS, Julián Pérez Gil– al salir a la luz las irregularidades.
Los expresidente de la Junta de Andalucía y del PSOE, José Antonio Griñán y Manuel Chaves, ante el tribunalEuropa Press
La historia interminable de los ERE
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anunció que, a finales de 2021, aún quedaban un total de 103 procedimientos, además de los ERE, que todavía están sin resolver. 81 de ellos, de hecho, están en fase de instrucción y el resto en fase intermedia.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha señalado que no cree que la sentencia que el Tribunal Supremo deberá emitir sobre el caso de los ERE vaya a «incidir o coincidir» en el contexto electoral en la comunidad andaluza, donde se celebrarán elecciones el 19 de junio.
Lorenzo del Río, que ya ha presentado la memoria anual del TSJA correspondiente a 2021, se ha pronunciado de este modo sobre la vista que el Supremo celebrará el 4 y 5 mayo para abordar los recursos interpuestos contra la sentencia de los ERE que ha dictado la Audiencia Provincial de Sevilla y sobre si la posterior sentencia podría coincidir con el periodo electoral.
Madrid 27/05/2022 Actualizada 11:15
Siete años de tramas, investigaciones y condenas
Archipiélago PSOE: todos los casos de corrupción que acorralan a Pedro Sánchez
- Un reguero de tramas corruptas –algunas probadas; otras en trámite de investigación– afecta al conjunto del país y tocan todos los niveles de la Administración del Estado: municipal, autonómica y nacional
- Los casos implican a múltiples políticos socialistas y han salido a la luz pública durante los últimos siete años; los que coinciden con la etapa de Pedro Sánchez al frente del PSOE
Pedro Sánchez llegó en 2018 a la Moncloa, vía moción de censura, con la promesa de que la corrupción en la vida pública de los ciudadanos pasaría a formar parte del pasado. Trascurridos cuatro años, puede comprobarse que no ha sido así.
En todo ese tiempo, su partido, el PSOE, se está viendo implicado en múltiples tramas repartidas por el conjunto del territorio español. Algunas han comenzado a investigarse en los últimos meses; a otros casos, en cambio, Policía y Guardia Civil les sigue el rastro desde hace años. Sin ánimo de exhaustividad, enumeramos a continuación los principales casos de corrupción socialista.
José Luis Sánchez Teruel, diputado autonómico del PSOE-AJosé Luis Sánchez
Sevilla, 40 millones de euros
El Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, que indaga el presunto desvío de aproximadamente 40 millones de euros de fondos europeos destinados a proyectos de modernización de las marismas del Bajo Guadalquivir, ha ordenado este mismo año en curso de investigar al diputado autonómico del PSOE por Almería y, por ende, aforado, José Luis Sánchez Teruel, por su anterior papel como director general de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de la Junta de Andalucía en la fecha de los hechos indagados.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, interviene en el congreso del PSOE-AEFE
Caso Isofotón, tres ministros de Sánchez
En el llamado caso Isofotón, la Fiscalía Anticorrupción salpica a tres ministros del PSOE: María Jesús Montero, Luis Planas y Teresa Ribera, dado que reclama un acta de la Comisión de Asuntos Económicos por el préstamo a Isofotón, finalmente declarada en concurso de acreedores pese a toda la ayuda institucional cosechada. El préstamo fue concedido a la empresa energética con informes negativos que reflejaban incidencias.
Los actuales ministros de Hacienda y de Agricultura, María Jesús Montero y Luis Planas, formaran parte de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos que autorizó el día 3 de julio de 2012 conceder ese préstamo de 8,3 millones de euros a la empresa. Además, la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, también ocupó un puesto de responsabilidad en esa empresa entre septiembre de 2012 y mayo de 2013.
Alcorcón, socialismo e insolvencia
Natalia de Andrés, alcaldesa del PSOE en Alcorcón, MadridPSOE Alcorcón
El Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid ha condenado en 2022 a la actual alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés, PSOE, a cinco años de inhabilitación para administrar bienes ajenos de titularidad pública o privada al considerarla responsable, subsidiariamente, de llevar a la insolvencia a la Empresa Municipal de Gestión Inmobiliaria de Alcorcón, Emgiasa.
En la misma causa, además de la actual regidora, también fueron condenados a 10 años de inhabilitación para administrar bienes ajenos de titularidad pública o privada el exalcalde socialista, Enrique Cascallana y otras siete personas que formaban parte del Consejo de Administración de Emgiasa.
Los hechos se remontan a la etapa de Cascallana al frente del Ayuntamiento de Alcorcón, durante la cual, la actual alcaldesa, como edil de Urbanismo, formaba parte del consejo de administración de Emgiasa, la empresa pública de vivienda del municipio, que actualmente está en concurso de acreedores.
Salvador Illa fue ministro de Sanidad durante la pandemia.Efe
Illa, incidencias en el 22 % de contratos
El 22 % de los contratos suscritos por el Instituto de Gestión Sanitaria, INGESA, en los primeros meses de la pandemia con el entonces ministro socialista Salvador Illa al frente presentaron «incidencias». En su mayor parte, el dinero salió del crédito extraordinario de 1.000 millones de euros habilitados a este efecto en el Ministerio de Sanidad el 12 de marzo de 2020, nada más declararse la pandemia.
El resumen del tribunal estima que un 22,44 % de los contratos fiscalizados del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, coincidentes con el inicio de la crisis sanitaria derivada de la covid, se produjeron distintas incidencias en su ejecución.
Núria Marín, alcaldesa del PSC de Hospitalet de LlobregatEl Debate
Hospitalet y Cornellá, posibles delitos
El Juzgado de Instrucción 4 de Cornellá ordenó en 2021 a la Policía Nacional la entrada y registro de varias dependencias del Ayuntamiento de Cornellá y del Consejo Comarcal de Deportes del Bajo Llobregat para buscar documentación sobre contratos presuntamente irregulares relacionados con el ámbito deportivo. Investigan delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude a la administración pública. Los agentes se llevaron a cinco técnicos detenidos y siguen buscando documentación.
El procedimiento deriva de la causa que se instruye en el juzgado de instrucción número 2 de Hospitalet de Llobregat, la segunda ciudad más poblada de Cataluña, por presunto desvío de subvenciones del Consejo Deportivo de Hospitalet.
Mari Luz Lastras, exalcaldesa del PSOE en San Martín de Valdeiglesias, MadridEl Debate
San Juan, de pantano a ciénaga
La Guardia Civil detuvo en 2021 a 17 personas en una operación contra la corrupción urbanística en el pantano de San Juan, en la Comunidad de Madrid, entre las que se encontraba la exalcaldesa socialista de la localidad de San Martín de Valdeiglesias, Mariluz Lastra, y dos de sus concejales en la antigua corporación.
Entre los arrestados también había al menos tres exediles socialistas que ya no forman parte del ayuntamiento y algunos de sus familiares, que recibían ayudas municipales. En la denominada operación Pantano, junto a la exalcaldesa, fueron arrestados el ex teniente de alcalde socialista de la corporación, Luis Haro, y el exconcejal socialista de Festejos, Pablo Luis Lastras, acusados de delitos de malversación, prevaricación y falsedad documental.
Carmen López, diputada del PSOE-MEuropa Press
UGT Madrid, corrupción sindical
El secretario general de UGT Madrid, Luis Miguel López Reillo, dimitió a finales de 2021 de su cargo después de denunciar a la Policía una presunta trama de corrupción en el sindicato. López Reillo dimitió por «responsabilidad política y dignidad personal», según manifestó en su cuenta de Twitter.
López Reillo había denunciado ante la Policía Nacional un posible caso de corrupción en el sindicato, que podría haber desviado al menos un millón de euros del Fondo de Garantía Salarial, FOGASA. Según dichas informaciones periodísticas, en la trama corrupta estaría presuntamente implicada una administrativa del sindicato, hija de la parlamentaria del PSOE de la Asamblea de Madrid, Carmen López, y entidades bancarias que gestionaban los fondos de dinero público destinados a empleados despedidos.
Bartomeu Muñoz, exalcalde por el PSC en Santa Coloma de GramenetEFE
Santa Coloma, comisiones millonarias
El exalcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz (PSC), ingresó a finales de 2021 en la cárcel de Cuatro Caminos, de La Roca del Vallès, en el Vallès Oriental, provincia de Barcelona, para cumplir la pena de cinco años y ocho meses de cárcel que se le impuso por la trama de corrupción urbanística del caso Pretoria.
Muñoz fue condenado por la Audiencia Nacional por formar parte de una red que se embolsó millones de euros, directamente o a través de intermediarios, en comisiones obtenidas mediante operaciones urbanísticas desarrolladas en las localidades barcelonesas de Santa Coloma de Gramenet, San Andreu de Llavaneres y Badalona.
El alcalde de Vigo, Abel Caballero, durante un acto del PSOEGTRES
Vigo, golpes bajos al ayuntamiento
La mayoría absoluta del PSOE ha servido para que el pleno extraordinario solicitado por los tres grupos de la oposición para reprobar a la primera teniente de alcalde, la socialista Carmela Silva, por «el mayor caso de la corrupción» en la historia de la corporación municipal, se saldara con el rechazo todas las propuestas. La intención era que casos como el de la familiar de la también presidenta de la Diputación de Pontevedra no se vuelvan a repetir.
Fue necesaria una alianza entre PP, Marea de Vigo y BNG para sumar los siete concejales necesarios y así forzar la celebración del pleno extraordinario, paso al que llegaron las tres formaciones tras pedir explicaciones tanto a Silva como al alcalde de la ciudad, Abel Caballero.
Ninguno de los dos se ha pronunciado respecto a la sentencia del Tribunal Supremo que condena en firme a un funcionario del Ayuntamiento de Vigo por organizar una trama para pagar a la cuñada de Silva más de 108.000 euros repartidos en contratos menores por unos trabajos que nunca realizó.
Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat valenciana, acude a declarar por presuntas irregularidades en ayudas concedidas a sus empresasEuropa Press
Francis Puig, el hermanísimo
Francis Puig, hermano del presidente socialista de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, está siendo investigado por un supuesto delito de fraude de subvenciones y falsedad documental. La investigación judicial se centra en las subvenciones recibidas por varias empresas participadas por el hermano del presidente desde la Generalitat Valenciana, la Generalitat de Catalunya y el Gobierno de Aragón. En la causa constan como investigado, además de Puig y Juan Enrique Adell Bovell, su socio y administrador de Canal Maestrat, el director general de Política Lingüística de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, Rubén Trenzano.
El titular del citado juzgado ha pedido información a los gobiernos valenciano, catalán y aragonés, así como a Hacienda, para investigar varios tipos de subvenciones recibidas entre 2015 y 2018 por los citados empresarios. En abril, la Fiscalía Anticorrupción solicitó cuantificar las ayudas recibidas por las empresas de Francis Puig por si superan los 120.000 euros, puesto que en ese caso estos hechos podrían enmarcarse en un delito de subvenciones, castigado con la pena de prisión de uno a cinco años.
Carmen Ibanco junto a su marido, Juan Espadas, líder del PSOE-AEl Debate
Doña Carmen, la esposa de Espadas
El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha abierto diligencias previas en relación a la labor que desempeñaba Carmen Ibanco, mujer de Juan Espadas, líder del PSOE-A, en la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, Faffe.
El juzgado demanda al Servicio Andaluz de Empleo, SAE, que aporte las bases reguladoras para la ocupación de los puestos de trabajo relativos a puestos de Dirección de la Faffe.
El objetivo es a tener en cuenta las candidaturas presentadas por todos los ciudadanos interesados en acceder a dichos puestos. La sospecha, expresada en términos coloquiales, sería que Ibanco entrase a trabajar en la administración pública andaluza gracias a un «enchufe» del PSOE.
El ex secretario general de UGT Asturias, Justo Rodríguez BragaEl Debate
UGT Asturias, el control para el fraude
El Juzgado de lo Penal número 3 de Oviedo condenó en 2021 a varios miembros de la antigua cúpula de UGT de Asturias por fraude en las subvenciones destinadas a cursos de formación, entre ellos su ex secretario general Justo Rodríguez Braga, al que se le ha impuesto una pena de dos años y diez meses de prisión y el abono de 586.000 euros en multas.
Rodríguez Braga, condenado como cooperador necesario y coautor de tres delitos de fraude en subvenciones, también deberá pagar, junto con otros tres exresponsables del sindicato, una indemnización conjunta de 330.179 euros al Principado por los perjuicios causados.
La jueza también condena al propio sindicato como responsable de un delito de fraude al pago de una multa de 122.028 euros y a la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho de gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un período de cuatro años.
Según la sentencia, Rodríguez Braga, y la entonces secretaria de Administración, Mónica Menéndez, y el de Formación, Manuel Díaz Cancio, urdieron una trama para desviar fondos de las subvenciones concedidas al sindicato para cursos de formación en los años 2011 y 2012. Esta trama estaba orientada «al sistemático desvío» de parte de los fondos públicos recibidos vía subvención a UGT e IFES, y a través de esta mecánica, según la jueza, obtuvieron beneficios económicos que revertieron en ambas entidades y en las sociedades vinculadas.
La jueza considera que los acusados ejercieron un control directo sobre la facturación, para incrementar ficticiamente el precio de los locales y equipos respecto al de mercado con un sobrecoste que imputaban después a las subvenciones recibidas, en beneficio del sindicato. La sentencia impone a los seis acusados penas de entre diez meses y dos años y diez meses de prisión, así como al pago de distintas multas.
María Luisa Real, ex consejera de Sanidad por el PSOE en CantabriaEl Debate
Prevaricación en Cantabria
La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a 14 y 11 años de inhabilitación para empleo o cargo público al exsubdirector de Gestión Económica e Infraestructuras del Servicio Cántabro de Salud (SCS) Francisco Javier González y al exdirector de la Gerencia de Atención Primaria Alejandro Rojo, respectivamente, por prevaricación en contratos menores en su etapa en el cargo durante la pasada legislatura.
Así consta en la sentencia que enjuició los hechos el pasado mes de febrero de 2022, y que considera a ambos ex altos cargos del SCS autores de un delito de prevaricación administrativa, continuado en el caso de González, y no continuado en el de Rojo, ya que su actuación se limitó a un único hecho, por el fraccionamiento de contrataciones de obras y servicios en el organismo sanitario.
En consecuencia, la Sala les inhabilita para trabajar o desempeñar un puesto relacionado con la contratación en instituciones que gestionen fondos públicos durante el tiempo reclamado por el fiscal.
González, con experiencia en la gestión económica administrativa, y Rojo, médico de profesión, desempeñaron sus cargos bajo el mandato de la socialista María Luisa Real como consejera de Sanidad desde 2015 y hasta 2018, año en el que dimitieron –junto al entonces gerente del SCS, Julián Pérez Gil– al salir a la luz las irregularidades.
Los expresidente de la Junta de Andalucía y del PSOE, José Antonio Griñán y Manuel Chaves, ante el tribunalEuropa Press
La historia interminable de los ERE
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anunció que, a finales de 2021, aún quedaban un total de 103 procedimientos, además de los ERE, que todavía están sin resolver. 81 de ellos, de hecho, están en fase de instrucción y el resto en fase intermedia.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha señalado que no cree que la sentencia que el Tribunal Supremo deberá emitir sobre el caso de los ERE vaya a «incidir o coincidir» en el contexto electoral en la comunidad andaluza, donde se celebrarán elecciones el 19 de junio.
Lorenzo del Río, que ya ha presentado la memoria anual del TSJA correspondiente a 2021, se ha pronunciado de este modo sobre la vista que el Supremo celebrará el 4 y 5 mayo para abordar los recursos interpuestos contra la sentencia de los ERE que ha dictado la Audiencia Provincial de Sevilla y sobre si la posterior sentencia podría coincidir con el periodo electoral.
*NANO*
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José Barros
Madrid 27/05/2022 Actualizada 11:15
Siete años de tramas, investigaciones y condenas
Archipiélago PSOE: todos los casos de corrupción que acorralan a Pedro Sánchez
- Un reguero de tramas corruptas –algunas probadas; otras en trámite de investigación– afecta al conjunto del país y tocan todos los niveles de la Administración del Estado: municipal, autonómica y nacional
- Los casos implican a múltiples políticos socialistas y han salido a la luz pública durante los últimos siete años; los que coinciden con la etapa de Pedro Sánchez al frente del PSOE
Pedro Sánchez llegó en 2018 a la Moncloa, vía moción de censura, con la promesa de que la corrupción en la vida pública de los ciudadanos pasaría a formar parte del pasado. Trascurridos cuatro años, puede comprobarse que no ha sido así.
En todo ese tiempo, su partido, el PSOE, se está viendo implicado en múltiples tramas repartidas por el conjunto del territorio español. Algunas han comenzado a investigarse en los últimos meses; a otros casos, en cambio, Policía y Guardia Civil les sigue el rastro desde hace años. Sin ánimo de exhaustividad, enumeramos a continuación los principales casos de corrupción socialista.
José Luis Sánchez Teruel, diputado autonómico del PSOE-AJosé Luis Sánchez
Sevilla, 40 millones de euros
El Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, que indaga el presunto desvío de aproximadamente 40 millones de euros de fondos europeos destinados a proyectos de modernización de las marismas del Bajo Guadalquivir, ha ordenado este mismo año en curso de investigar al diputado autonómico del PSOE por Almería y, por ende, aforado, José Luis Sánchez Teruel, por su anterior papel como director general de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de la Junta de Andalucía en la fecha de los hechos indagados.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, interviene en el congreso del PSOE-AEFE
Caso Isofotón, tres ministros de Sánchez
En el llamado caso Isofotón, la Fiscalía Anticorrupción salpica a tres ministros del PSOE: María Jesús Montero, Luis Planas y Teresa Ribera, dado que reclama un acta de la Comisión de Asuntos Económicos por el préstamo a Isofotón, finalmente declarada en concurso de acreedores pese a toda la ayuda institucional cosechada. El préstamo fue concedido a la empresa energética con informes negativos que reflejaban incidencias.
Los actuales ministros de Hacienda y de Agricultura, María Jesús Montero y Luis Planas, formaran parte de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos que autorizó el día 3 de julio de 2012 conceder ese préstamo de 8,3 millones de euros a la empresa. Además, la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, también ocupó un puesto de responsabilidad en esa empresa entre septiembre de 2012 y mayo de 2013.
Alcorcón, socialismo e insolvencia
Natalia de Andrés, alcaldesa del PSOE en Alcorcón, MadridPSOE Alcorcón
El Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid ha condenado en 2022 a la actual alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés, PSOE, a cinco años de inhabilitación para administrar bienes ajenos de titularidad pública o privada al considerarla responsable, subsidiariamente, de llevar a la insolvencia a la Empresa Municipal de Gestión Inmobiliaria de Alcorcón, Emgiasa.
En la misma causa, además de la actual regidora, también fueron condenados a 10 años de inhabilitación para administrar bienes ajenos de titularidad pública o privada el exalcalde socialista, Enrique Cascallana y otras siete personas que formaban parte del Consejo de Administración de Emgiasa.
Los hechos se remontan a la etapa de Cascallana al frente del Ayuntamiento de Alcorcón, durante la cual, la actual alcaldesa, como edil de Urbanismo, formaba parte del consejo de administración de Emgiasa, la empresa pública de vivienda del municipio, que actualmente está en concurso de acreedores.
Salvador Illa fue ministro de Sanidad durante la pandemia.Efe
Illa, incidencias en el 22 % de contratos
El 22 % de los contratos suscritos por el Instituto de Gestión Sanitaria, INGESA, en los primeros meses de la pandemia con el entonces ministro socialista Salvador Illa al frente presentaron «incidencias». En su mayor parte, el dinero salió del crédito extraordinario de 1.000 millones de euros habilitados a este efecto en el Ministerio de Sanidad el 12 de marzo de 2020, nada más declararse la pandemia.
El resumen del tribunal estima que un 22,44 % de los contratos fiscalizados del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, coincidentes con el inicio de la crisis sanitaria derivada de la covid, se produjeron distintas incidencias en su ejecución.
Núria Marín, alcaldesa del PSC de Hospitalet de LlobregatEl Debate
Hospitalet y Cornellá, posibles delitos
El Juzgado de Instrucción 4 de Cornellá ordenó en 2021 a la Policía Nacional la entrada y registro de varias dependencias del Ayuntamiento de Cornellá y del Consejo Comarcal de Deportes del Bajo Llobregat para buscar documentación sobre contratos presuntamente irregulares relacionados con el ámbito deportivo. Investigan delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude a la administración pública. Los agentes se llevaron a cinco técnicos detenidos y siguen buscando documentación.
El procedimiento deriva de la causa que se instruye en el juzgado de instrucción número 2 de Hospitalet de Llobregat, la segunda ciudad más poblada de Cataluña, por presunto desvío de subvenciones del Consejo Deportivo de Hospitalet.
Mari Luz Lastras, exalcaldesa del PSOE en San Martín de Valdeiglesias, MadridEl Debate
San Juan, de pantano a ciénaga
La Guardia Civil detuvo en 2021 a 17 personas en una operación contra la corrupción urbanística en el pantano de San Juan, en la Comunidad de Madrid, entre las que se encontraba la exalcaldesa socialista de la localidad de San Martín de Valdeiglesias, Mariluz Lastra, y dos de sus concejales en la antigua corporación.
Entre los arrestados también había al menos tres exediles socialistas que ya no forman parte del ayuntamiento y algunos de sus familiares, que recibían ayudas municipales. En la denominada operación Pantano, junto a la exalcaldesa, fueron arrestados el ex teniente de alcalde socialista de la corporación, Luis Haro, y el exconcejal socialista de Festejos, Pablo Luis Lastras, acusados de delitos de malversación, prevaricación y falsedad documental.
Carmen López, diputada del PSOE-MEuropa Press
UGT Madrid, corrupción sindical
El secretario general de UGT Madrid, Luis Miguel López Reillo, dimitió a finales de 2021 de su cargo después de denunciar a la Policía una presunta trama de corrupción en el sindicato. López Reillo dimitió por «responsabilidad política y dignidad personal», según manifestó en su cuenta de Twitter.
López Reillo había denunciado ante la Policía Nacional un posible caso de corrupción en el sindicato, que podría haber desviado al menos un millón de euros del Fondo de Garantía Salarial, FOGASA. Según dichas informaciones periodísticas, en la trama corrupta estaría presuntamente implicada una administrativa del sindicato, hija de la parlamentaria del PSOE de la Asamblea de Madrid, Carmen López, y entidades bancarias que gestionaban los fondos de dinero público destinados a empleados despedidos.
Bartomeu Muñoz, exalcalde por el PSC en Santa Coloma de GramenetEFE
Santa Coloma, comisiones millonarias
El exalcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz (PSC), ingresó a finales de 2021 en la cárcel de Cuatro Caminos, de La Roca del Vallès, en el Vallès Oriental, provincia de Barcelona, para cumplir la pena de cinco años y ocho meses de cárcel que se le impuso por la trama de corrupción urbanística del caso Pretoria.
Muñoz fue condenado por la Audiencia Nacional por formar parte de una red que se embolsó millones de euros, directamente o a través de intermediarios, en comisiones obtenidas mediante operaciones urbanísticas desarrolladas en las localidades barcelonesas de Santa Coloma de Gramenet, San Andreu de Llavaneres y Badalona.
El alcalde de Vigo, Abel Caballero, durante un acto del PSOEGTRES
Vigo, golpes bajos al ayuntamiento
La mayoría absoluta del PSOE ha servido para que el pleno extraordinario solicitado por los tres grupos de la oposición para reprobar a la primera teniente de alcalde, la socialista Carmela Silva, por «el mayor caso de la corrupción» en la historia de la corporación municipal, se saldara con el rechazo todas las propuestas. La intención era que casos como el de la familiar de la también presidenta de la Diputación de Pontevedra no se vuelvan a repetir.
Fue necesaria una alianza entre PP, Marea de Vigo y BNG para sumar los siete concejales necesarios y así forzar la celebración del pleno extraordinario, paso al que llegaron las tres formaciones tras pedir explicaciones tanto a Silva como al alcalde de la ciudad, Abel Caballero.
Ninguno de los dos se ha pronunciado respecto a la sentencia del Tribunal Supremo que condena en firme a un funcionario del Ayuntamiento de Vigo por organizar una trama para pagar a la cuñada de Silva más de 108.000 euros repartidos en contratos menores por unos trabajos que nunca realizó.
Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat valenciana, acude a declarar por presuntas irregularidades en ayudas concedidas a sus empresasEuropa Press
Francis Puig, el hermanísimo
Francis Puig, hermano del presidente socialista de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, está siendo investigado por un supuesto delito de fraude de subvenciones y falsedad documental. La investigación judicial se centra en las subvenciones recibidas por varias empresas participadas por el hermano del presidente desde la Generalitat Valenciana, la Generalitat de Catalunya y el Gobierno de Aragón. En la causa constan como investigado, además de Puig y Juan Enrique Adell Bovell, su socio y administrador de Canal Maestrat, el director general de Política Lingüística de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, Rubén Trenzano.
El titular del citado juzgado ha pedido información a los gobiernos valenciano, catalán y aragonés, así como a Hacienda, para investigar varios tipos de subvenciones recibidas entre 2015 y 2018 por los citados empresarios. En abril, la Fiscalía Anticorrupción solicitó cuantificar las ayudas recibidas por las empresas de Francis Puig por si superan los 120.000 euros, puesto que en ese caso estos hechos podrían enmarcarse en un delito de subvenciones, castigado con la pena de prisión de uno a cinco años.
Carmen Ibanco junto a su marido, Juan Espadas, líder del PSOE-AEl Debate
Doña Carmen, la esposa de Espadas
El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha abierto diligencias previas en relación a la labor que desempeñaba Carmen Ibanco, mujer de Juan Espadas, líder del PSOE-A, en la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, Faffe.
El juzgado demanda al Servicio Andaluz de Empleo, SAE, que aporte las bases reguladoras para la ocupación de los puestos de trabajo relativos a puestos de Dirección de la Faffe.
El objetivo es a tener en cuenta las candidaturas presentadas por todos los ciudadanos interesados en acceder a dichos puestos. La sospecha, expresada en términos coloquiales, sería que Ibanco entrase a trabajar en la administración pública andaluza gracias a un «enchufe» del PSOE.
El ex secretario general de UGT Asturias, Justo Rodríguez BragaEl Debate
UGT Asturias, el control para el fraude
El Juzgado de lo Penal número 3 de Oviedo condenó en 2021 a varios miembros de la antigua cúpula de UGT de Asturias por fraude en las subvenciones destinadas a cursos de formación, entre ellos su ex secretario general Justo Rodríguez Braga, al que se le ha impuesto una pena de dos años y diez meses de prisión y el abono de 586.000 euros en multas.
Rodríguez Braga, condenado como cooperador necesario y coautor de tres delitos de fraude en subvenciones, también deberá pagar, junto con otros tres exresponsables del sindicato, una indemnización conjunta de 330.179 euros al Principado por los perjuicios causados.
La jueza también condena al propio sindicato como responsable de un delito de fraude al pago de una multa de 122.028 euros y a la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho de gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un período de cuatro años.
Según la sentencia, Rodríguez Braga, y la entonces secretaria de Administración, Mónica Menéndez, y el de Formación, Manuel Díaz Cancio, urdieron una trama para desviar fondos de las subvenciones concedidas al sindicato para cursos de formación en los años 2011 y 2012. Esta trama estaba orientada «al sistemático desvío» de parte de los fondos públicos recibidos vía subvención a UGT e IFES, y a través de esta mecánica, según la jueza, obtuvieron beneficios económicos que revertieron en ambas entidades y en las sociedades vinculadas.
La jueza considera que los acusados ejercieron un control directo sobre la facturación, para incrementar ficticiamente el precio de los locales y equipos respecto al de mercado con un sobrecoste que imputaban después a las subvenciones recibidas, en beneficio del sindicato. La sentencia impone a los seis acusados penas de entre diez meses y dos años y diez meses de prisión, así como al pago de distintas multas.
María Luisa Real, ex consejera de Sanidad por el PSOE en CantabriaEl Debate
Prevaricación en Cantabria
La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a 14 y 11 años de inhabilitación para empleo o cargo público al exsubdirector de Gestión Económica e Infraestructuras del Servicio Cántabro de Salud (SCS) Francisco Javier González y al exdirector de la Gerencia de Atención Primaria Alejandro Rojo, respectivamente, por prevaricación en contratos menores en su etapa en el cargo durante la pasada legislatura.
Así consta en la sentencia que enjuició los hechos el pasado mes de febrero de 2022, y que considera a ambos ex altos cargos del SCS autores de un delito de prevaricación administrativa, continuado en el caso de González, y no continuado en el de Rojo, ya que su actuación se limitó a un único hecho, por el fraccionamiento de contrataciones de obras y servicios en el organismo sanitario.
En consecuencia, la Sala les inhabilita para trabajar o desempeñar un puesto relacionado con la contratación en instituciones que gestionen fondos públicos durante el tiempo reclamado por el fiscal.
González, con experiencia en la gestión económica administrativa, y Rojo, médico de profesión, desempeñaron sus cargos bajo el mandato de la socialista María Luisa Real como consejera de Sanidad desde 2015 y hasta 2018, año en el que dimitieron –junto al entonces gerente del SCS, Julián Pérez Gil– al salir a la luz las irregularidades.
Los expresidente de la Junta de Andalucía y del PSOE, José Antonio Griñán y Manuel Chaves, ante el tribunalEuropa Press
La historia interminable de los ERE
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anunció que, a finales de 2021, aún quedaban un total de 103 procedimientos, además de los ERE, que todavía están sin resolver. 81 de ellos, de hecho, están en fase de instrucción y el resto en fase intermedia.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha señalado que no cree que la sentencia que el Tribunal Supremo deberá emitir sobre el caso de los ERE vaya a «incidir o coincidir» en el contexto electoral en la comunidad andaluza, donde se celebrarán elecciones el 19 de junio.
Lorenzo del Río, que ya ha presentado la memoria anual del TSJA correspondiente a 2021, se ha pronunciado de este modo sobre la vista que el Supremo celebrará el 4 y 5 mayo para abordar los recursos interpuestos contra la sentencia de los ERE que ha dictado la Audiencia Provincial de Sevilla y sobre si la posterior sentencia podría coincidir con el periodo electoral.
Pero tienen los santos coj*nes de no sacarse de la boca la corrupción del PP y dar a entender a los suyos que ellos son diferentes. Es algo surrealista.
Última edición:
No te escurras en el juego de palabras y no reniegues de la verdad
Ahora bién, si el galapagueño cobró de irán, y vox también, en qué se diferencian ? Ya sábes que recibir dinero de dictaduras asesinas no está bien visto...
Si hay algo que no me gustan son las memorias selectivas.
Vamos a refrescar la memoria:
Vox se fundó con un millón de euros del exilio iraní, que pagó también el sueldo a Abascal
EL DINERO ACABÓ EN UNA CAJA COMÚN DEL PARTIDO ULTRADERECHISTA QUE SIRVIÓ PARA ABONAR SALARIOS, FIANZAS Y ALQUILERES DESDE 2013
Vox carga contra Pablo Iglesias por cobrar de Irán pero calla que fueron financiados por un grupo terrorista iraní
Una organización terrorista aportó 971.890,56 euros a la formación de Abascal
Vox admite que recibió dinero del exilio iraní
El grupo iraní que financió a Vox: una organización apoyada por líderes occidentales pese a su pasado terrorista
- El PP considera “preocupante” que Vox se financiara con dinero de un grupo iraní, pero el grupo que patrocinó al partido de Abascal ha sido considerado por los neoconservadores de EE UU como la alternativa al régimen de Irán
- El grupo, que se llamaba Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán, pagaba generosas cantidades de dinero a muchos de los políticos occidentales que iban a sus reuniones anuales
Vox ha reconocido que pagó el 80% de su campaña a las elecciones europeas de 2014 con dinero de simpatizantes del grupo de oposición iraní Consejo Nacional de Resistencia de Irán (CNRI), aunque La Ley Electoral impide que se reciban donaciones de personas o entidades no españolas una vez convocados los comicios.
Te recomiendo que veas la serie Barrio Sesamo y aprendas las diferencias entre cerca y lejos, arriba y abajo, aqui y alli, etc, etc, haber si tambien aprendes la diferencia entre exilio o disidentes o CONTRARIOS al gobierno y entre el gobierno del pais
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https://www.mediterraneodigital.com/gente-y-tv/prensa/app-contrato-sexo
a descargarse la App chicos , si no acabaremos todos en la cárcel !!!!
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Te recomiendo que veas la serie Barrio Sesamo y aprendas las diferencias entre cerca y lejos, arriba y abajo, aqui y alli, etc, etc, haber si tambien aprendes la diferencia entre exilio o disidentes o CONTRARIOS al gobierno y entre el gobierno del pais
Seguimos blanqueando los pantalones que nos quedan bien...
Los financiadores iraníes de Vox son ex terroristas rehabilitados a golpe de talonario
Edwards
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Como vengo diciendo hace tiempo, estoy harto de los ANORMALES de los patincitos de los coj*nes. Cuando no van sudando de todo y de todos por la acera, van por todo el p*to medio de la carretera creando atascos, dificultando la circulación y obligando a los conductores a zigzaguear. Es que no me entra en la cabeza que se permita esto...
Muere un hombre de 65 años tras ser atropellado por un patinete eléctrico en Roquetas de Mar
Un hombre de 65 años ha fallecido en la tarde de este jueves después de ser atropellado por un patinete eléctrico en el paseo marítimo de Playa Serena de Roquetas de Mar (Almería). El varón, que permanecía ingresado en la UCI del Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería, no ha podido recuperarse del traumatismo sufrido al golpearse contra el asfalto.
Los hechos tuvieron lugar el pasado miércoles sobre las 9:30 horas cuando el hombre, natural de Córdoba y residente en Bélgica, paseaba con su mujer y su nieta al estar de vacaciones en la localidad.
Fuentes municipales y del servicio unificado del 112 Andalucía han detallado a Europa Press que el conductor del patinete, de unos 25 años, habría chocado contra la víctima, que cayó al suelo y se golpeó la cabeza causándole un traumatismo por el que tuvo que ser trasladado de urgencia al citado centro hospitalario, donde fue intervenido.
El afectado falleció en la tarde de este jueves al no poder reponerse de las lesiones. Según la versión del conductor ofrecida a los agentes, habría intentado esquivar al peatón y al tratar de impedir el choque perdió el equilibrio y golpeó con el hombro al perjudicado, que también cayó al suelo. La investigación permanece abierta para esclarecer los detalles del suceso.
Muere un hombre de 65 años tras ser atropellado por un patinete eléctrico en Roquetas de Mar
Un hombre de 65 años ha fallecido en la tarde de este jueves después de ser atropellado por un patinete eléctrico en el paseo marítimo de Playa Serena de Roquetas de Mar (Almería). El varón, que permanecía ingresado en la UCI del Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería, no ha podido recuperarse del traumatismo sufrido al golpearse contra el asfalto.
Los hechos tuvieron lugar el pasado miércoles sobre las 9:30 horas cuando el hombre, natural de Córdoba y residente en Bélgica, paseaba con su mujer y su nieta al estar de vacaciones en la localidad.
Fuentes municipales y del servicio unificado del 112 Andalucía han detallado a Europa Press que el conductor del patinete, de unos 25 años, habría chocado contra la víctima, que cayó al suelo y se golpeó la cabeza causándole un traumatismo por el que tuvo que ser trasladado de urgencia al citado centro hospitalario, donde fue intervenido.
El afectado falleció en la tarde de este jueves al no poder reponerse de las lesiones. Según la versión del conductor ofrecida a los agentes, habría intentado esquivar al peatón y al tratar de impedir el choque perdió el equilibrio y golpeó con el hombro al perjudicado, que también cayó al suelo. La investigación permanece abierta para esclarecer los detalles del suceso.
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Ppsoe 2.0
Vxsoe 3.0 ... serán cuando los que ponen el dinero y mandan son los comunistas europeos
Y en ese momento será Madrid 2 pi radianes inclusivo e inmigración con perspectiva de género
Y la historia se repite
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Vxsoe 3.0 ... serán cuando los que ponen el dinero y mandan son los comunistas europeos
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*NANO*
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Y lo peor es que estos casos irán en aumento. Cada día más bicicletas y patinetes = cada día más accidentes.
Edwards
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Es que son unos putos inútiles. Se nota que no han conducido en su vida.
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Justo por eso tenemos partidos de ladrones.
Y vivimos con la ilusion que un delicuente va a ser un buen gestor.
Y ojo, que no lo digo por ti.
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