No se si es repost... pero me ha impresionado al ver la noticia... no se si reirme, llorar, o montar un club de fans...
PARQUÍMETROS | Amador Campa
El hombre de los 120.000 euros en multas
Marta Belver | Madrid
Actualizado jueves 15/10/2009 11:45 horas
Si se postulara al Guinness, Amador Campa tendría casi todas las papeletas para escribir automáticamente su nombre en el famoso libro. Esas papeletas para el récord son realmente multas de tráfico, más de 1.300, que arrojan una dolorosa de 120.000 euros; el equivalente a comprar seis coches de precio medio en España.
Las ha coleccionado en menos de tres años, desde que el Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) del Ayuntamiento de Madrid llegó en marzo de 2006 hasta el barrio de Pilar. Allí es donde tiene su taller mecánico y donde aparca los vehículos que esperan a pasar por sus manos reparadoras, una de las piedras rosetas del enigma de sus sanciones.
La otra es que Campa se niega a poner el tique antimultas en el salpicadero y a pagarlas cuando le llegan. No es casualidad que sea el presidente de la Plataforma Antiparquímetros Fuencarral-El Pardo, que canaliza el rechazo de los conductores de la zona a pagar por estacionar en la calle.
Ahora se ha sabido que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) les da más o menos la razón al ratificar en diciembre de 2008 una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 26 que declaraba nulo el decreto de ampliación de la zona SER. Y los colectivos vecinales alérgicos a las franjas verdes y azules exigen la devolución de «las cantidades indebidamente cobradas» en concepto de sanciones de tráfico desde su entrada en vigor hasta al menos ese momento.
Campa ya había recurrido todas sus multas con anterioridad al fallo judicial y con un 99% de éxito, «en la mayoría de los casos por prescripción, en otros porque no habían sido ratificadas por una persona competente...». El 1% que sí que tuvo que abonar en su día confía en recuperarlo ahora que tiene un veredicto de pérdida de legalidad al que acogerse.
«Efectivamente, como el TSJM ha dictaminado que el decreto es nulo, la nulidad es aplicable desde el origen, por lo que todas las multas que se pusieron con arreglo a ese decreto son, a su vez, nulas», asegura José Carlos Vázquez, director del bufete tuabogadoauto.com. «Eso es de primero de Derecho», apostilla.
Es más, a su juicio, «los ciudadanos multados podrían solicitar una indemnización de los intereses correspondientes». Un resarcimiento en toda regla.
Sin embargo, las interpretaciones a las que da lugar el Derecho explican que haya abogados como Ana Pérez, de Multalia, que aporten un punto de vista diametralmente opuesto: «Las sentencias no tienen efectos retroactivos». Otra cosa, agrega, es que previamente al fallo se hubiera multado una infracción muy grave, en cuyo caso quizá se podría alegar que el decreto conforme al que se expidió era nulo.
Los colectivos vecinales antiparquímetros calculan que el Ayuntamiento pone al año tres millones de multas y que la mitad corresponde al SER. A razón de 90 euros por sanción, y teniendo en cuenta que se suele recaudar el 50% de las mismas, consideran que en el periodo en que estuvo en vigor el decreto declarado nulo se cobraron indebidamente unos 190 millones de euros.
La fuente, aquí:
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El hombre de los 120.000 euros en multas

Marta Belver | Madrid
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Si se postulara al Guinness, Amador Campa tendría casi todas las papeletas para escribir automáticamente su nombre en el famoso libro. Esas papeletas para el récord son realmente multas de tráfico, más de 1.300, que arrojan una dolorosa de 120.000 euros; el equivalente a comprar seis coches de precio medio en España.
Las ha coleccionado en menos de tres años, desde que el Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) del Ayuntamiento de Madrid llegó en marzo de 2006 hasta el barrio de Pilar. Allí es donde tiene su taller mecánico y donde aparca los vehículos que esperan a pasar por sus manos reparadoras, una de las piedras rosetas del enigma de sus sanciones.
La otra es que Campa se niega a poner el tique antimultas en el salpicadero y a pagarlas cuando le llegan. No es casualidad que sea el presidente de la Plataforma Antiparquímetros Fuencarral-El Pardo, que canaliza el rechazo de los conductores de la zona a pagar por estacionar en la calle.
Ahora se ha sabido que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) les da más o menos la razón al ratificar en diciembre de 2008 una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 26 que declaraba nulo el decreto de ampliación de la zona SER. Y los colectivos vecinales alérgicos a las franjas verdes y azules exigen la devolución de «las cantidades indebidamente cobradas» en concepto de sanciones de tráfico desde su entrada en vigor hasta al menos ese momento.
Campa ya había recurrido todas sus multas con anterioridad al fallo judicial y con un 99% de éxito, «en la mayoría de los casos por prescripción, en otros porque no habían sido ratificadas por una persona competente...». El 1% que sí que tuvo que abonar en su día confía en recuperarlo ahora que tiene un veredicto de pérdida de legalidad al que acogerse.
«Efectivamente, como el TSJM ha dictaminado que el decreto es nulo, la nulidad es aplicable desde el origen, por lo que todas las multas que se pusieron con arreglo a ese decreto son, a su vez, nulas», asegura José Carlos Vázquez, director del bufete tuabogadoauto.com. «Eso es de primero de Derecho», apostilla.
Es más, a su juicio, «los ciudadanos multados podrían solicitar una indemnización de los intereses correspondientes». Un resarcimiento en toda regla.
Sin embargo, las interpretaciones a las que da lugar el Derecho explican que haya abogados como Ana Pérez, de Multalia, que aporten un punto de vista diametralmente opuesto: «Las sentencias no tienen efectos retroactivos». Otra cosa, agrega, es que previamente al fallo se hubiera multado una infracción muy grave, en cuyo caso quizá se podría alegar que el decreto conforme al que se expidió era nulo.
Los colectivos vecinales antiparquímetros calculan que el Ayuntamiento pone al año tres millones de multas y que la mitad corresponde al SER. A razón de 90 euros por sanción, y teniendo en cuenta que se suele recaudar el 50% de las mismas, consideran que en el periodo en que estuvo en vigor el decreto declarado nulo se cobraron indebidamente unos 190 millones de euros.
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