Y la responsabilidad de estas gestiones? Quien la paga? Nadie no? Así nos luce el pelo...
Las sentencias ya cuestan más al consistorio que la obra de la Marina
Solo en el 2020 María Pita prevé abonar casi 14 millones por fallos judiciales
Por el túnel de la Marina y la urbanización en superficie de esa zona de la ciudad el Ayuntamiento lleva pagados 10 millones de euros —hay otros 4,6 pendientes de abono—, una cantidad muy criticada en su día por los partidos entonces en la oposición por considerarla excesiva. Es, con todo, bastante menos de lo que prevé gastar María Pita el año que viene para hacer frente al pago de indemnizaciones respaldadas con sentencias: 13.685.068 euros.
El Ayuntamiento suma once fallos judiciales firmes a los que tendrá que hacer frente de modo inmediato. Esas cantidades condicionarán el presupuesto, un problema para el que el gobierno local busca soluciones.
Son casi 14 millones de euros a pagar porque las decisiones judiciales al respecto son firmes, pero hay un largo reguero de otros casos que todavía no se han resuelto y que, con toda probabilidad, acabarán engordando la cifra del dinero público que acaba en manos privadas como consecuencia de decisiones municipales tomadas en su día y no ajustadas a derecho.
El castro de Elviña
La cantidad más significativa que habrá que abonar a corto plazo son los algo más de 12 millones de euros por las
expropiaciones del castro de Elviña, un caso que arrancó en el 2001 pero que no resolvió el TSXG, tras muchos recursos previos, hasta el año pasado. Hace 18 años el consistorio decidió expropiar fincas
dentro del plan de protección del castro, fijando para ello un precio que los afectados consideraron muy inferior al valor de mercado de sus parcelas. El consistorio desoyó sus palabras, pero los jueces acabaron dándoles la razón.
Los desarrollos urbanísticos —o el hecho de no permitirlos— suponen también para el Ayuntamiento un reguero de fallos judiciales en su contra. El caso más significativo es el de los promotores del Agra de San Amaro, que llevaron el freno municipal a sus aprovechamientos a los juzgados y han ido generando un goteo de sentencias que obliga, de nuevo, al consistorio a indemnizar.
Alternativas de pago
Desde el gobierno local el edil de Facenda y portavoz,
José Manuel Lage, indica que están analizando fórmulas para distribuir esos pago de modo que no tengan un gran impacto en las cuentas municipales. Esas sentencias, indica,
podrían condicionar capítulos del presupuesto como el de inversiones y su intención es reducir esa posible repercusión.
El denunciante de la antigua sede de Fenosa ya cobró los 3 millones de euros de la mediación
Entre los casos más recientes de indemnizaciones millonarias figura el del edificio de Fernando Macías. El asunto se cerró el año pasado mediante un proceso de mediación según el cual, entre otras cosas, el Ayuntamiento se comprometía a abonar al denunciante,
Valentín Souto, 3 millones de euros. Souto llevaba 20 años pleiteando y otros tantos con los tribunales dándole la razón. Ejecutar la sentencia hubiera costado al consistorio 60 millones de euros y el anterior ejecutivo optó por la mediación. El pago ya se realizó, confirman en María Pita.
En ese caso falta todavía por resolver el pago, además, a cada uno de los 87 propietarios del edificio, que percibirán entre 9.000 y 12.000 euros también como indemnización y que saldrán otra vez del presupuesto municipal.
Tranvías y el Puerto
El Ayuntamiento tiene muchos más frentes judiciales todavía abiertos. Así, una reciente sentencia, recurrida, obliga al consistorio a abonar
1,6 millones de euros a la Autoridad Portuaria por las obras del Parrote. Es muy probable que, tarde o temprano, María Pita tenga que pagar esa cantidad.
Con la Compañía de Tranvías también se ve el Ayuntamiento, desde el anterior mandato, en los juzgados. La compañía le reclama por esa vía
3 millones de euros de gastos asociados a la tarjeta Millennium y otros
500.000 de mantenimiento atrasado del desaparecido tranvía. A eso hay que sumarle lo que podría costar el pleito por la rebaja unilateral del precio del bus decretada por el anterior ejecutivo.
