Viva Europa, manque pierda
Qué sería de nuestro pais...
La UE impone a España reformas económicas para recibir las ayudas
España es el país con más procesos abiertos por violar el mercado único
Parafraseando al filósofo danés Soren Kierkegaard, "nada verdaderamente grande se obtiene gratis". Pese a los esfuerzos del Gobierno de Pedro Sánchez para minimizar la condicionalidad de los fondos de recuperación europeos (140.000 millones de euros entre transferencias directas y créditos), lo cierto es que esas ayudas no estarán exentas del pago de un peaje. Y no será pequeño. El Parlamento y el Consejo Europeo llegaron a un acuerdo en la madrugada del pasado sábado sobre el Reglamento por el que se regirá el reparto los fondos, documento que es rotundo en su principal conclusión: España deberá acometer reformas económicas para abrir el grifo de las ayudas comunitarias.
Las exigencias de la UE no se circunscriben únicamente a la transición ecológica y el impulso a la digitalización, los dos grandes ejes sobre los que pivota el proyecto de reconstrucción de la economía europea y los aspectos sobre los que el Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto el acento en su Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Europa reclamará a España que actúe sobre los numerosos puntos flacos que impiden a su economía ser competitiva: la disciplina fiscal; esto es, una estrategia a medio y largo plazo para reducir sus elevados niveles de déficit y deuda, que la pandemia ha disparado hasta cotas estratosféricas; la reforma del sistema público de pensiones para garantizar su viabilidad y su sostenibilidad, o profundizar en la reforma laboral, pero en sentido opuesto al que apunta el Gobierno de coalición (es decir, sin dar pasos atrás en la flexibilidad introducida en 2012), impulsando la contratación indefinida y simplificando el sistema de incentivos a la contratación.
A ello se suman otras muchas asignaturas pendientes, como la necesidad de avanzar hacia la unidad de mercado, poniendo coto a la maraña normativa en que ha derivado el estado de las autonomías; corregir las diferencias educativas entre las CCAA, ámbito en el que la Ley Celáa rema en la dirección contraria, o mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos. Todo ello sin olvidar aspectos como la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero para reducir el influjo de la política sobre el órgano de gobierno de los jueces, no para hacer justo lo contrario, como pretenden PSOE y Podemos a través de su reforma exprés para reducir las mayorías necesarias para nombrar a la cúpula del CGPJ o su proposición para limitar sus funciones cuando su mandato haya expirado. Cuestiones que han supuesto varios toques de atención desde Bruselas al Gobierno de Sánchez.
Consecuencias En este contexto se enmarca el Reglamento pactado entre el Consejo Europeo y la Eurocámara, al que ha tenido acceso EXPANSIÓN, documento que regula el núcleo del fondo de recuperación, dotado con 672.500 millones, cuya ratificación definitiva está prevista para el mes de enero y que, en su artículo 17.3.c, es tajante respecto a lo que sucedería si no se atienden las exigencias de Bruselas: "Cuando el plan de recuperación y resiliencia no cumpla satisfactoriamente con los criterios fijados en el artículo 16.3, no se proporcionará contribución financiera al Estado miembro".
Y es que el citado artículo 16.3 reza que "la Comisión Europea evaluará la relevancia, efectividad, eficiencia y coherencia" del plan que presente cada Estado miembro. En este sentido, el artículo 16 desarrolla los requisitos: la respuesta deberá ser "adecuada y equilibrada a la situación económica y social" y que contribuya a los seis pilares del plan: la reforma verde (para la que el Parlamento Europeo ha ampliado el porcentaje de proporción de gasto necesario del 30% al 37%), la digital, crecimiento y empleo inteligentes, cohesión social y territorial, salud y políticas para la próxima generación. A esto añade las "recomendaciones específicas del Semestre europeo para cada país, incluyendo los aspectos fiscales". Esto, de hecho, viene subrayado en negrita en el texto. Además, se incluye que la Comisión analizará que las medidas contribuyan a reforzar el potencial de crecimiento, de creación de empleo, económico, institucional y social.
