Calviño tumbó el pacto entre Ábalos y Podemos para limitar el precio de los alquileres
El control de precios en los alquileres de vivienda, la medida más polémica de la nueva ley con la que el Gobierno trata de regular de manera urgente este mercado, ha provocado un fuerte enfrentamiento en el seno de los ministerios de Fomento -encargado de elaborar el texto- y Economía, cuyo visto bueno es necesario para recibir luz verde por parte del Consejo de Ministros.
La ley promovida por José Luis Ábalos ha abierto una brecha con Podemos, que considera que en su actual estado no merece la pena ser votada. «No es lo que pactamos: han sacado el control de precios de la ley y el resto, salvo los plazos de renovación de alquileres, lo han diluido», explica Lucía Martín, diputada de En Comú Podem y la responsable del grupo confederal en materia de vivienda.
En el otro lado, los grandes inversores en vivienda de alquiler tampoco han quedado satisfechos. Con distintas sensibilidades, mientras unos consideran que tras la retirada del control de precios «se puede vivir», para otros el texto supone un cambio en las reglas del juego.
«Ante una ley que alarga hasta siete años los plazos de renovación de contratos, las inversiones pierden liquidez y capacidad de rentabilizarse, por lo que el riesgo es que los alquileres se retiren del mercado», afirma Javier Rodríguez Heredia, socio de Azora, uno de los principales fondos propietarios en España.
Acuerdo presupuestario
Aunque la norma publicada el pasado 14 de diciembre comenzó a elaborarse ya el pasado verano con la ex ministra de Vivienda y registradora de la propiedad Beatriz Corredor como valedora, su desarrollo final ha estado marcado por el acuerdo presupuestario pactado entre el Gobierno y Podemos, para quien la vivienda es uno de los pilares de su programa político.
El punto número tres de este acuerdo establece que se dará a los ayuntamientos la facultad de poder intervenir los precios de mercados de alquiler especialmente tensionados, una herramienta de la que esperaban disponer ya las alcaldesas de Barcelona y Madrid, Ada Colau y Manuela Carmena, respectivamente.
La posibilidad de esta intervención municipal puso en alerta a los fondos de inversión. Blackstone, que con más de 23.000 millones es el mayor inversor en España, llegó a advertir en público el pasado mes de noviembre a la ministra Nadia Calviño sobre una retirada de inversiones si se aprobaba el control de precios.
Directivos de este sector reconocen que llevaron sus argumentaciones y advertencias ante la Secretaría de Vivienda dirigida por Helena Beunza en Fomento «tan lejos como pudieron», si bien se toparon con la respuesta de que cualquier modificación en el borrador que entonces se manejaba superaba ya el nivel técnico y «exigía contactos políticos».
Aunque en Fomento niegan que el control de precios estuviera en el borrador en ningún momento, fuentes conocedoras del desarrollo del texto legal indican que el borrador se encontró con una dura oposición por parte de la Dirección de Política Económica a cargo de Luis Martí, donde se presionó para retirar el apartado más conflictivo y suavizar el resto. Para entonces, Nadia Calviño ya se había reunido con representantes de los mayores fondos de inversión.
Finalmente, el pasado 14 de diciembre José Luis Ábalos anunció el acuerdo del consejo de Ministros para el nuevo texto aplazando hasta el año que viene en una nueva ley de Vivienda la introducción de medidas de control de precios de alquiler. La norma aún tardó tres días en ser publicada en el Boletín Oficial del Estado
