El pasado sangriento de Henri Parot: el etarra considerado un rey de los coches bomba
En el año 1990, fue detenido en Sevilla mientras transportaba una furgoneta cargada con 300 kilos de explosivos
El Juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama ha determinado no prohibir la marcha convocada para este sábado en la localidad de Arrasate/Mondragón para manifestarse a favor del preso de ETA Henri Parot, conocido también como Unai Parot.
En este sentido, el instructor ha pedido a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que refuercen su presencia en la zona, para controlar y seguir el acto, adoptando las medidas necesarias para evitar que en el curso de los acontecimientos se produzca algún conato de enaltecimiento o justificación del terrorismo.
En cuanto a su decisión, el magistrado señala que no existen datos o elementos necesarios para determinar, antes de la celebración del acto, que esta convocatoria constituya un hipotético delito de enaltecimiento del terrorismo.
La marcha de este sábado fue convocada el pasado 27 de julio por Sare, una red en favor de los derechos de los presos de ETA, y el colectivo Elkartasun Eguna de Arrasate/Mondragón, que viene organizando desde hace más de una década, cada mes de septiembre, un acto de estas características en este municipio. Este año, Parot es el protagonista tras cumplirse 31 años de su entrada en prisión.
El pasado sangriento de Henri Parot
Henri Parot nació en Argel, cuando la capital argelina todavía pertenecía a Francia. Desde muy joven vivió en la ciudad francesa de Bayona, muy ligada a las costumbres vascas y con un elevado sentimiento e influencia nacionalista. A temprana edad ingreso en la banda terrorista ETA para formar parte del comando 'Aragala', ejecutando la mayoría de acciones en Madrid y recibiendo por parte de la banda terrorista un suelo de 800 francos mensuales y también adiestramiento.
A sus espaldas, su oscuro pasado ha destrozado a decenas de familias. En el año 2006, una crónica de 'El Mundo', que repasaba su pasado, le describía como "el rey de los coches bomba". Durante su pertenencia al comando 'Aragala' destrozó a muchas familias y se ha consolidado como uno de los mayores asesinos de ETA.
La acción terrorista de Parot arrancó en el año 1978 en Irún, cuando mató al empresario José Luis Legasa Ubiría. Entre sus actos más sanguinarios y mediáticos está el famoso atentado a la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza, en el año 1987. El balance de personas asesinadas fue 11, entre ellos cinco niñas.
También cometió una decena de atentados en Madrid, varios contra militares, o los que acabaron con la vida de Cristóbal Colón de Carvajal y Maroto en el año 1986, y del fiscal Carmen Tagle en 1989. En su currículum sangriento daba igual la edad, el género o el ideario político de sus víctimas.
Pero la acción sanguinaria de Parot también se extendió a otras zonas de España. En Granada asesinó a Conrada Muñoz Herrera, que recibió una carta bomba dirigida a su hijo, funcionario de prisiones.
El Ejército también estuvo en el punto de mira del terrorista. En el año 1987, ETA hizo explotar en Madrid tres coches bomba junto a las sedes de la Dirección General de la Guardia Civil, del Cuartel General del Aire y del Cuartel General de la Armada. Dos años después, también en Madrid, Parot y otro terrorista tirotearon el coche del teniente coronel José Martínez Moreno a su paso por la Plaza de Atocha, provocándole la muerte instantánea.
En el año 1990, fue detenido en Sevilla mientras transportaba una furgoneta cargada con 300 kilos de explosivos. La Audiencia Nacional le condenó por primera en diciembre de ese mismo año por pertenencia a banda armada, tenencia de explosivos, atentado en grado de tentativa y muchos delitos más. Fue acusado de 82 asesinatos por los que se le suman casi 5.000 años de prisión, de los cuales está a punto de cumplir 31.
Su nombre también es conocido porque fue el etarra que propició la conocida como 'doctrina Parot', establecida por el Tribunal Supremo en el año 2006 y que determinó que los beneficios penitenciarios se aplicaran individualmente sobre cada una de las penas por las que hubieran sido condenados, y no sobre el límite de estancia en prisión de 30 años.
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